Este lunes comienza la audiencia pública que analizará la última actualización de las tarifas de Aysa bajo gestión pública. La propuesta de la empresa consiste en redefinir los coeficientes zonales, que determinan el costo del servicio según las zonas. La actualización derivará en subas para la mitad de los usuarios, y lo recaudado se destinará a financiar la tarifa social.

La presentación de Aysa aspira a concluir con los compromisos asumidos por la actual administración antes del traspaso a manos privadas, que se concretará el 13 de noviembre. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) deberá evaluar la propuesta y escuchar las posiciones de los otros expositores. La propuesta de la empresa se centra en redefinir los coeficientes zonales en base a los cuales se determina una parte del costo del servicio que hace a la tarifa final.

La justificación se encuentra en que los coeficientes no fueron actualizados a lo largo del tiempo, mientras que en el radio de cobertura de la empresa se dieron cambios socioeconómicos relevantes. A modo de ejemplo, el casco histórico, que incluye barrios como Constitución, tiene un coeficiente zonal alto, entendido como de mayor poder adquisitivo, mientras que Puerto Madero, que en su momento era zona portuaria, mantiene un coeficiente zonal bajo, es decir, se le estima un costo menor del servicio. Cabe aclarar que esto no aplica a los barrios cerrados, que cuentan con un régimen diferencial.

El esquema también propone reducir la cantidad de coeficientes zonales de 11 a 5 para simplificar el esquema. El rango entre la menor escala y la mayor oscila de 0,75 de coeficiente a 2,75. Con este cambio, la empresa busca mejorar la focalización del subsidio ya que, según estiman, el 38% de los usuarios que no pertenecen al segmento de menores ingresos cuentan con subsidio por la zonificación.

Esto se desprende de que cerca del 88% del área de cobertura de la empresa, que abarca a más de 14 millones de habitantes en total, está categorizada como zonal bajo, abarcando al 54% de los usuarios residenciales. El cambio tendrá un impacto en el costo que pagan los usuarios al final del día. Con los cambios propuestos, el 55% de los usuarios, equivalente a unos 2 millones, tendrán una suba del 22,6% de la tarifa final que se aplicará de manera progresiva con un tope del 5% mensual hasta totalizar el aumento.

El tope de 5% sobre los cargos variables medidos y fijos equivale a un 4% efectivo. Pero no todos los usuarios tendrán aumentos e incluso algunos tendrán bajas en su tarifa final por los reajustes zonales. El 25%, unos 900.000 usuarios no tendrán cambios y el 20%, 760.000 usuarios, tendrán bajas del 18% en sus tarifas.

En este último caso, la baja será inmediata. La factura media mensual de los usuarios que tendrán bajas en el pago pasará de ser de $ 38.131 a $ 31.248, mientras que las que no tendrán cambios es de $ 49.330 y los que sufran aumentos pasarán de pagar $ 30.894 a $ 37.986. Por último, se eliminará de manera gradual el descuento del 15% adicional sobre tarifas a quienes dejan de pertenecer a los zonales bajos.

Esto último no es menor, ya que al menos el 54% del aumento que percibirá la empresa corresponderá a dejar de aplicar este descuento adicional que está por fuera de la estructura tarifaria y se aplica en zonales que ya no pertenecen a los zonales bajos. Con estos ajustes, desde Aysa esperan que la variación promedio de la tarifa sea del 11,4%, mientras que para la recaudación de la empresa proyectan un aumento del 7,3%. El 100% de la mejora de la recaudación se destinará a la tarifa social, y en particular a su ampliación.

Es que actualmente son unos 120.000 usuarios los que perciben la tarifa social. Sin embargo, desde la empresa relevaron que hay unos 400.000 usuarios que no pagan el servicio y podrían ser incluidos dentro de este esquema. La inclusión en la tarifa social de estos usuarios cobra especial relevancia de cara al cambio que sufrirá el servicio que, al igual que en el caso de la luz o el gas, comenzará a contemplar el corte de la provisión en casos de falta de pago.

La tarifa social contempla actualmente la eliminación de los intereses de deuda y una regularización del pago del capital en hasta 18 cuotas que no podrá superar los $12.000 que tiene como tope la tarifa social. El parámetro móvil para acceder a la misma es equivalente a dos jubilaciones mínimas, hoy en $ 444.000. Más allá de estos cambios, el esquema tarifario actual se mantendrá estable (con actualizaciones nominales periódicas vinculadas a la inflación) por los próximos 5 años, cuando se concrete la siguiente revisión quinquenal.

Así, la empresa pasará a manos privadas con un balance saneado que implicó un recorte de su deuda del 85% y la ejecución de las inversiones pautadas en el contrato de concesión vigente. Sin embargo, la nueva administración tendrá compromisos de inversión de $ 2,9 billones, de los cuales más de la mitad deberán ser cubiertos con recursos adicionales. Los compromisos de obras incluidos se concentran en su mayoría en el mantenimiento de la red y en su ampliación, como la renovación de 500 kilómetros de las redes de agua y de 125 kilómetros de las redes de cloacas, además de ampliar la cobertura, que hoy se ubica en el 75% en el caso del agua y el 64% en el caso de las cloacas.

También se contempla la inclusión de medidores.