No por menos esperado y anunciado, el golpe de Estado de esa madrugada del 24 de marzo de 1976, hace 50 años, sorprendió a todo el mundo. En realidad, allí se despejó la única incógnita abierta de una ecuación muy confusa: ¿cuándo se cortaría el nudo gordiano que daría paso al período más oscuro de la historia argentina reciente? Por contradictorio que hoy parezca, se instaló en la sociedad argentina una cierta sensación de alivio.

La creencia generalizada era que los militares tomarían el poder para poner orden en un contexto político y social sumamente violento. En 1976 no se hacían tantas encuestas ni focus groups como ahora, pero si se hubieran hecho el respaldo al relevo militar del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, Isabel o Isabelita, hubiera sido muy elevado. Sin embargo, pocos esperaban que a partir del 24 de marzo emergería la catástrofe.

En realidad, la mayor parte de la sociedad argentina y sus actores políticos pensaban que este golpe era uno más en la larga secuencia de asonadas que jalonaron el siglo XX desde 1930 y que tras la quiebra del orden constitucional y de un tiempo más o menos prudencial de ajuste político y económico se convocarían nuevas elecciones para restablecer la democracia. Pero eso no ocurrió. Con el precedente de la dictadura del general Onganía y su Revolución Argentina (1966 – 1973), un fuerte impulso regeneracionista y refundacional se instaló entre la mayoría de los uniformados.

La evaluación de la gestión del anterior gobierno de facto era muy severa al entender que no se habían cumplido la mayoría de los objetivos previstos y era necesario insistir en ellos. Los mandos de las Fuerzas Armadas estaban convencidos de ser los salvadores de una patria asediada por el comunismo internacional, materialista y ateo. También se consideraban la última barrera defensiva de la civilización occidental y cristiana, traicionada y abandonada por Estados Unidos, máxima expresión del liberalismo y del capitalismo materialista.

Si el golpe tuvo ese sesgo tan negativo fue porque en la Argentina de 1976 nadie creía en la democracia, ni la izquierda ni la derecha. Una la despreciaba por formal y burguesa, porque no reparaba en los intereses populares y porque gracias al fraude se burlaba la voluntad de las masas en beneficio de la oligarquía. La otra también la despreciaba por ser la puerta trasera o el ventanuco por el cual se colaban las fuerzas comunistas agazapadas e infiltradas en los partidos políticos tradicionales para llegar al poder y trastocarlo todo.

La violencia fue el otro factor que favoreció el despliegue militar, aunque cuando ocurrió el golpe la derrota de la guerrilla, fundamentalmente de Montoneros y del ERP, era un hecho consumado. Uno de los objetivos más claros de las FF.AA. era acabar de forma total y definitiva, al precio que fuera, con la subversión armada, con su proyecto de guerra popular y prolongada y con los grupos que la respaldaban. Un estímulo adicional que conservó este objetivo hasta el final de la dictadura fue que era prácticamente el único que en todos esos años logró mantener prietas las filas castrenses, conservando la unidad doctrinaria y de acción de unas fuerzas plagadas de divisiones internas y contradicciones.

No solo entre duros y blandos, o entre profesionalistas liberales y nacionalistas católicos, sino también entre las tres fuerzas: Ejército, Armada y Aeronáutica. Pese al innegable apoyo eclesiástico y empresarial y a la participación civil en todos los niveles de la administración del Estado (desde el gabinete presidencial a las pequeñas intendencias) la dictadura fue una dictadura militar y no cívico militar. Es importante recordar que las grandes decisiones las tomaban los militares y no los civiles, como ir a la guerra con Chile, invadir las Malvinas, celebrar el Mundial de Fútbol o incluso subordinar las profundas reformas económicas de José A.

Martínez de Hoz y su equipo a las necesidades castrenses, como la renovación del equipamiento militar para cumplir sus sueños belicistas. El medio siglo pasado es una gran ocasión para distanciarse de lo ocurrido, para dar a la historia y a la memoria el lugar que merecen y les corresponde, y, sobre todo, para discutir con datos y sin acritud los grandes temas aún hoy pendientes del pasado dictatorial. Entre ellos, la cuestión de las víctimas: ¿quiénes son?

¿Qué trato merecen? ¿Son todas las que de una u otra manera sufrieron la violencia durante los años de la dictadura o solo las nuestras? También está la consideración de la militancia.

Como bien apuntó Tzvetan Todorov, “las causas nobles no disculpan los actos innobles”, lo cual nos debería llevar a ser más prudentes al valorar la militancia revolucionaria o incluso idealizarla. Según Hebe de Bonafini, en una idea bastante repetida: “las Madres no consideramos muertos a nuestros hijos porque son los héroes de nuestra patria. Y por eso estamos acá: para reivindicar la lucha que dieron”.

Esto nos lleva a los 30.000 desaparecidos. Hasta ahora el debate giró en torno a no cuestionar la cifra, a sacralizarla en vez de asumirla como un concepto en permanente construcción. Se suele argumentar, en respuesta a las voces críticas, que la respuesta está en los archivos militares.

Es posible que así sea, pero mientras estos no aparezcan, ¿qué se debe hacer? ¿Echar mano de otras fuentes, aunque sean indirectas, y reconstruir su número de la mejor manera posible, como hace la historia ante tantos otros problemas? La premisa que debería gobernar esta discusión, con independencia de su número final, es que tanto si hablamos de 8.000 desaparecidos, de 30.000 o incluso de más, estamos frente a actos aberrantes, a claras violaciones de derechos humanos, que deben ser condenados sin paliativos.

Cuestionar una cifra acríticamente idolatrada no implica, bajo ningún concepto, asumir posturas revisionistas. Finalmente está el genocidio. ¿La brutal represión y la violación sistemática de los derechos humanos supusieron tal cosa?

Personalmente creo que no, y tengo mis argumentos, así como los que sostienen la idea contraria también tienen los suyos. Pero todo esto debería poder discutirse de forma pacífica, con amplitud de miras, sin convertir a las ideas en armas políticas o arrojadizas. Para defender la democracia no se necesitan batallas culturales.

El medio siglo transcurrido desde el golpe de 1976 es un buen momento para hacerlo. Sobre la firma