Mientras buena parte de la discusión pública sigue concentrada en el ajuste nacional, subsiste uno de los núcleos más gravosos del desorden fiscal argentino: el que administran las provincias. Allí sigue funcionando, casi sin pudor, una maquinaria menos visible que los grandes impuestos nacionales, pero igual de dañina para quien produce, factura o simplemente intenta trabajar dentro de la ley. Su nombre técnico es Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias).

Su traducción política es más sencilla: el Estado provincial debita primero y pregunta después. En ocasiones, mucho después. Ese es el problema de fondo.

El Sircreb no opera, en la práctica, como un instrumento razonable de administración tributaria, sino como un mecanismo de apropiación anticipada de liquidez. El contribuyente ve salir dinero de su cuenta bancaria sin que exista una discusión real, previa y efectiva sobre la procedencia exacta de esa detracción. Luego empieza el derrotero burocrático para intentar demostrar que le retuvieron de más.

Y aun cuando logre acreditarlo, el daño ya está hecho: capital de trabajo inmovilizado, inflación licuando cualquier eventual reintegro y una carga administrativa que recae, otra vez, sobre el privado y no sobre el fisco. Ese diagnóstico aparece con claridad en el proyecto de Ley Antipercepciones y Retenciones otrora presentado por el diputado nacional Alejandro Bongiovanni, en un contexto donde las retenciones indebidas exceden muchas veces la obligación tributaria real, afectan gravemente el derecho de propiedad, vulneran el debido proceso y carecen de mecanismos eficaces de devolución. El punto no es solo jurídico, es también económico e institucional.

El Impuesto a los Ingresos Brutos ya es, por sí mismo, uno de los peores tributos del sistema argentino. Es distorsivo, acumulativo, opaco, hostil a la inversión y particularmente cruel con quienes participan en cadenas productivas o comerciales que atraviesan varias jurisdicciones. No grava la renta real ni una capacidad contributiva robusta.

Grava, más bien, la circulación, la intermediación, el simple hecho de operar. Castiga a la escala. Penaliza a la formalidad.

Y cuando ese mal impuesto se combina con regímenes de retención bancaria como el Sircreb, el resultado es todavía más lesivo, ya que no solamente se encarece a la actividad, también se la descapitaliza. Durante años se quiso presentar esta arquitectura como una consecuencia inevitable del federalismo fiscal. Pero ese es un argumento demasiado cómodo y equívoco.

La autonomía provincial no puede transformarse en patente de corso para sostener sistemas que rozan, o directamente consuman, abusos recaudatorios. Ya existe una línea doctrinaria y jurisprudencial que viene advirtiendo sobre los “excesos en la función recaudadora”, la “avaricia institucional” del fisco y el riesgo de convertir la recaudación en un fenómeno financiero desligado de la obligación tributaria real. Por eso, el ajuste pendiente en la Argentina no depende solo de Javier Milei.

Depende, y mucho, de los gobernadores, de las agencias de recaudación provinciales y de las legislaturas locales. Son ellas las que siguen descansando en un impuesto arcaico y en mecanismos de cobro que invierten la lógica del Estado de derecho. ¿Qué debería hacerse?

Primero, desmantelar el Sircreb y todos los regímenes que produzcan saldos crónicos a favor del contribuyente. Segundo, avanzar provincia por provincia en una reducción seria de Ingresos Brutos, empezando por las actividades productivas, logísticas, industriales, tecnológicas y de servicios interjurisdiccionales, que son las más castigadas por el efecto cascada, todo ello en el camino hacia una eliminación total de este tributo. Tercero, mientras esa transición no se complete, establecer devoluciones automáticas, rápidas y actualizadas para cada importe retenido en exceso.

Si el Estado cobra de más, no debe obligar al ciudadano a peregrinar para recuperar lo suyo. Debe devolverlo de oficio. En ese marco, el proyecto antes mentado merece atención porque introduce una discusión que la política evitó demasiado tiempo: la de los límites constitucionales y penales del apetito fiscal.

La iniciativa propone restringir las extracciones de fondos de cuentas bancarias y digitales a supuestos muy acotados y sancionar la percepción indebida de impuestos mediante un nuevo tipo penal. La Argentina no va a ser un país normal mientras siga tratando como caja del Estado la cuenta bancaria del contribuyente. Y tampoco habrá una reforma fiscal suficiente si la única motosierra es la de la Nación y en las provincias sigue intacta la voracidad recaudatoria.

Si de verdad queremos aliviar al que produce, invierte y trabaja, hay que animarse a decir lo obvio: el ajuste que falta está hoy por hoy, sobre todo, en las provincias. *Director de investigaciones jurídicas de Fundación Libertad.