El juez federal Ariel Lijo decidió prorrogar por tercera vez el secreto de sumario en la causa que investiga la supuesta connivencia entre exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y financistas para acceder al dólar oficial mediante el pago de coimas en permisos de importación. La medida se extendió por otros 10 días hábiles para completar las medidas de prueba pendientes, en una causa que tiene en la mira operaciones con el SIRA por más de 3,5 millones de dólares y en la que se están investigando a cuatro empresarios que habrían pagado coimas para acceder al permiso de importación durante la gestión de Alberto Fernández. La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, se centra en un presunto esquema de corrupción vinculado al llamado “rulo financiero” durante el período de cepo cambiario más restrictivo.

En particular, el exesposo de Jesica Cirio, Elías Picirillo, está en la mira por una casa de cambio vinculada a su persona que operó con 252 millones de dólares en 2023. Lo que investiga la Justicia es si estas casas de cambio accedían al dólar oficial y luego vendían divisas en el mercado informal, obteniendo ganancias exorbitantes. Según pudo confirmar TN, hasta el momento la Justicia detectó a cuatro empresas involucradas y la prórroga responde a que se realizarán más allanamientos en los próximos días.

Además de las empresas, la fiscalía identificó movimientos de más de 500 millones de dólares en dos bancos investigados. Entre las medidas tomadas hasta el momento, además de múltiples allanamientos, se ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. También se pidieron informes urgentes al Banco Central, ARCA y a la Secretaría de Comercio.

Según la acusación, funcionarios del BCRA y otros organismos estatales habrían facilitado el otorgamiento de permisos de importación (SIRA) a cambio de coimas que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento del valor de las operaciones. Esas divisas oficiales, obtenidas a precio regulado, habrían sido luego comercializadas en el mercado paralelo, es decir, el dólar blue, compuesto por dólares físicos, casas de cambio y compradores finales. El caso salió a la luz a partir de el aporte de información que hizo uno de los supuestos policías que participó del operativo trucho al empresario Francisco Hauque, en el que se dejó drogas y una pistola en su auto.

Uno de los agentes, que habrían sido contratados por Picirillo, se arrepintió y aportó un pendrive con información. Allí habría datos sobre financista como el propio Picirrillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. En uno de los audios, la funcionaria del BCRA Romina García habría mencionado la existencia de “gente de arriba entongada”, en referencia a autoridades superiores del organismo durante la presidencia de Miguel Ángel Pesce.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se realizaron allanamientos en dependencias del BCRA, específicamente en el área de Supervisión de Entidades No Financieras, y en domicilios de empresarios y casas de cambio. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación vinculada a los permisos investigados. La Justicia sostiene que dicho esquema no se limitaba a la acción aislada de unos pocos funcionarios, sino que habría requerido la coordinación de varios organismos bajo la órbita de influencia de Massa, como la Dirección General de Aduanas, la AFIP (DGI), el propio BCRA y la Secretaría de Comercio.

Con las distintas medidas de prueba, se busca reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.