El 19 de mayo se registró una masacre en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la que fue asesinado el líder sindical Freiman Velásquez, su hermana (nombre no ha sido confirmado) y dos de sus escoltas (Sebastian Murillo y Robinson Carvajalino). De acuerdo con el informe oficial, sujetos armados interceptaron a las víctimas y dispararon contra la camioneta de la Unidad Nacional de Protección. El líder asesinado era beneficiario del programa de protección estatal debido a amenazas previas en su contra, relacionadas con su labor comunitaria y de defensa de derechos humanos.

PUBLICIDAD Las autoridades informaron que el ataque se registró mientras el líder social realizaba actividades en el sector, y aunque los escoltas intentaron repeler la agresión, fueron superados por los atacantes, que huyeron del lugar tras cometer el crimen. El Gobierno nacional anunció el envío de un equipo especial de investigación y reiteró su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la protección a líderes sociales en el país. PUBLICIDAD Sindicato de la UNP cuestionó la protección que reciben los líderes sociales en zonas vulnerables En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Galló, representante de Analtraseg, sindicato de la UNP, afirmó que el asesinato de Freiman Velásquez y sus escoltas es una muestra del fracaso de la “Paz Total” en Colombia. “Es lamentable la muerte del líder social y los dos escoltas de la UNP, uno de ellos apenas había ingresado en el mes de marzo a la entidad, y seguramente no tenía la experiencia para desempeñar el cargo de escolta en una zona vulnerable como lo es Norte de Santander” PUBLICIDAD Gallo indicó que no es una sorpresa que los grupos armados tengan armamento de calibre alto en zonas como el Catatumbo, por lo que considera imperdonable que los vehículos de protección no soporten este tipo de impactos. “Se sabe que los grupos armados para perpetrar estos ataques utilizan fusiles de calibre alto, pero estos vehículos que son enviados nivel tres de protección balística solamente soportan pistolas o subametralladoras, esos vehículos no soportan esos calibres superiores de guerra”.

PUBLICIDAD Para el líder sindical, la falta de actualizaciones en este sentido es una muestra del poco interés del Estado por resguardar la vida de los protegidos y de los escoltas. “Se ha insistido que para estas zonas del país se deben manejar blindajes superiores, que resistan y que existen para este tipo de zonas. Se ha comprobado que aguantan más los cristales que incluso el material del blindaje mínimo. Obvio que sale caro, pero van a proteger la vida de las personas”.

PUBLICIDAD Gallo aseguró que, en caso de que no se registren modificaciones, en unas semanas o meses se registrará una nueva masacre en zonas vulnerables. “Urge cambiar los vehículos en estas zonas, ya que el nivel tres es utilizado en zonas donde estos grupos armados no pueden andar con fusiles en la calle, como las principales ciudades, donde la ciudadanía y los protegidos tienen a la fuerza pública, pero en estos casos van a matar siempre al personal”. PUBLICIDAD Para argumentar su postura, el líder sindical recordó que esta no es la primera vez que un esquema de seguridad es atacado en Norte de Santander bajo una situación similar a la registrada con el líder social Velásquez. “No vayamos muy lejos, hace unos meses pasó lo mismo con un policía y un escolta de la UNP cuando estaban en campaña política para el Senado y la Cámara de Representantes y que se iban transportando los escoltas para recibir al protegido en otra zona del país. Tampoco entendemos por qué no los llevaron en avión si se podía y están los recursos para lo mismo.

Esto es un llamado a que se modifiquen estos tipos de vehículos que son para estas zonas y que de verdad se proteja la vida adecuadamente”. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD