Subsecretario de Registros y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Hace más de un año, los estadios de fútbol y espectáculos masivos de la Ciudad de Buenos Aires cerraron sus puertas para quienes no cumplen con la cuota alimentaria. Esta iniciativa, orientada a resguardar la dignidad familiar y los derechos de los más chicos, se prepara para extenderse al Mundial de fútbol 2026 gracias al trabajo entre el Gobierno de la Ciudad y el de Nación. Los deudores alimentarios morosos inscriptos en el Registro de la Ciudad fueron notificados a los Estados Unidos para que no puedan ingresar a ver al campeón del mundo: la Scaloneta defenderá a partir del próximo martes en ese país el título obtenido en Qatar 2022.

Esto es el resultado directo del reciente convenio firmado entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los ministros de Justicia y de Seguridad porteños, Gabino Tapia y Horacio Giménez, respectivamente. A partir de este acuerdo, la base del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) se integró al sistema nacional Tribuna Segura. Aquí, en el país, esta unificación ya optimizó el procedimiento de detección de infractores y sumó los partidos de la Primera Nacional y Primera B Metropolitana.

Además, donde antes había dos cordones policiales en cada acceso ahora hay uno solo, agilizando el ingreso de los hinchas. En los más de 200 operativos que concretamos desde marzo de 2025, consolidamos una política pública con un objetivo claro: quien no cumple con sus responsabilidades familiares más elementales no puede entrar a la cancha ni a espectáculos culturales masivos. Así, logramos impedir el ingreso de más de 180 deudores alimentarios a distintos eventos.

Hacer cumplir la ley y el orden en la Ciudad es prioritario en la gestión de Jorge Macri. Bajo esa premisa, los ministerios de Justicia y de Seguridad coordinamos esfuerzos para asegurar la efectividad de los operativos. Las medidas tomadas nos posicionan a la vanguardia, consolidando a Buenos Aires como pionera a nivel mundial en restringir el acceso a deudores alimentarios a eventos masivos.

Ser los primeros nos compromete y proyecta una enorme responsabilidad ética, demostrando que las herramientas del Estado pueden ser un instrumento ejemplificador. Para dimensionar la magnitud de esta política, es importante destacar que el RPAM centraliza hoy más de 13.000 registros, producto de los convenios de intercambio recíproco vigente con otras 13 provincias argentinas. Ser deudor alimentario trasciende por completo una mora económica porque, en esencia, constituye un incumplimiento ético y legal que afecta directamente a chicos y adolescentes.

¿Qué clase de sociedad pretendemos consolidar si normalizamos que el disfrute individual se priorice por sobre las obligaciones familiares básicas? Asumimos este acuerdo como un eslabón fundamental en la construcción de una comunidad realmente justa. Solo a través de un Estado eficiente y firme lograremos que el interés superior de los chicos sea efectivo y que la dignidad de las nuevas generaciones sea la base sobre la cual edificamos el futuro de nuestra sociedad.