El Gobierno nacional consiguió este miércoles uno de sus triunfos legislativos más importantes del año al aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y reduce subsidios al gas en gran parte del país. La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, después de intensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados. La votación de los cordobeses se dio de acuerdo a lo previsto: Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres no dieron quórum y votaron en contra, al igual que Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba).

En tanto, los diez libertarios votaron a favor. El único ausente fue Juan Schiaretti, quien se encuentra de viaje en el exterior. La reforma representa un ahorro fiscal estimado en más de $272 mil millones y forma parte del esquema de ajuste impulsado por la Casa Rosada para reducir subsidios económicos y avanzar hacia una mayor focalización del gasto público.

El proyecto elimina gran parte de la ampliación aprobada en 2021 y vuelve prácticamente al esquema original del régimen de Zona Fría, dejando como beneficiarias permanentes a regiones históricas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Según el oficialismo, la ampliación implementada durante el gobierno de Alberto Fernández generó una expansión excesiva del universo subsidiado y provocó fuertes distorsiones fiscales. La Casa Rosada sostiene que el sistema original alcanzaba a unos 950 mil hogares, mientras que después de la modificación de 2021 el beneficio se extendió a más de 4 millones de usuarios en todo el país.

Acuerdo con las provincias del norte La negociación parlamentaria se destrabó recién en las horas previas a la sesión, cuando el Gobierno logró cerrar acuerdos con gobernadores y diputados del norte argentino mediante un esquema alternativo de compensaciones energéticas. La clave estuvo en la creación de un nuevo mecanismo denominado “Zona Cálida”, destinado a provincias con altos consumos eléctricos derivados de temperaturas extremas. A cambio de ese esquema compensatorio, varios legisladores del norte terminaron acompañando el proyecto oficialista.

La estrategia volvió a mostrar el método parlamentario que intenta consolidar la administración libertaria: acuerdos puntuales, negociación sectorial y apoyos circunstanciales para sostener el programa económico. Durante el debate, desde el oficialismo insistieron en que el esquema vigente generaba subsidios cruzados y transferencias difíciles de justificar fiscalmente en un contexto de fuerte ajuste del gasto público. La oposición, en cambio, advirtió que la reforma tendrá un impacto directo sobre tarifas residenciales y afectará principalmente a sectores medios en provincias incorporadas al régimen ampliado durante los últimos años.

El impacto político del ajuste energético Más allá del resultado legislativo, el debate volvió a exponer una de las discusiones más sensibles de la etapa económica actual: hasta dónde avanzar con la reducción de subsidios sin profundizar el deterioro del consumo y el malestar social. La reforma de Zona Fría aparece además como un nuevo paso dentro de la estrategia libertaria de recomposición tarifaria iniciada desde comienzos de gestión. El Gobierno ya había avanzado previamente con aumentos en electricidad, transporte y combustibles, mientras busca reducir progresivamente el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas.

En la Casa Rosada sostienen que el esquema energético heredado resultaba fiscalmente insostenible y que buena parte de los beneficios terminaban alcanzando a hogares que no necesitaban asistencia estatal. Sin embargo, distintos sectores opositores cuestionaron el alcance social del recorte y advirtieron que el impacto se sentirá especialmente durante el invierno, en medio de una economía todavía atravesada por caída del consumo, salarios deteriorados y fuerte pérdida del poder adquisitivo.