La relación entre el Gobierno porteño y las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos atraviesa semanas de fuerte tensión. En la sede de Uspallata admiten malestar por incumplimientos detectados en calle y remarcan que Jorge Macri decidió endurecer la postura frente a un tema que impacta de lleno en la vida cotidiana de los vecinos: la higiene urbana. La señal política más clara fue el rediseño del área.

El jefe de Gobierno promovió cambios en la gestión y colocó a Matías Lanusse al frente de la flamante Secretaría de Higiene, estructura que reporta al jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny. En el oficialismo explican que la decisión buscó concentrar mando, acelerar controles y elevar la exigencia sobre las prestatarias. En paralelo, la Ciudad desplegó un operativo político y técnico inusual: más de 30 funcionarios, entre secretarios y directores generales, salieron días atrás a recorrer distintos barrios para fiscalizar tareas, relevar fallas y constatar en persona el funcionamiento del sistema.

La orden fue clara: mirar lo que pasa en la calle y no conformarse con planillas. Según fuentes oficiales, existen tres incumplimientos que hoy concentran las mayores quejas del Ejecutivo porteño. El primero es la falta de recolección de los llamados “diseminados”, es decir, la basura que queda alrededor de los contenedores durante la operatoria nocturna.

Por esquema de trabajo, cada camión cuenta con un ayudante que debe bajar, barrer esos residuos sueltos, introducirlos en el contenedor y recién después avanzar con el vaciado. En numerosas zonas, sostienen en la Ciudad, eso no se estaría cumpliendo. El segundo foco está puesto en el barrido matutino.

En el Gobierno aseguran que se detectaron deficiencias tanto en los cordones de vereda como en las cazuelas, el espacio que rodea a los árboles y donde suele acumularse suciedad. Es una postal sensible: cuando falla el barrido temprano, el deterioro visual del barrio se multiplica durante toda la jornada. El tercer punto apunta al control interno de las propias empresas.

De acuerdo con los pliegos, los supervisores de las concesionarias deben auditar al menos el 80% de las tareas realizadas en calle. En Uspallata creen que ese monitoreo no se está ejecutando con el rigor comprometido, lo que agrava errores operativos y demora correcciones. En ese marco, después de ocho años el Gobierno porteño volvió a incorporar representantes de las empresas en reuniones con vecinos.

Ya participaron de encuentros en distintos barrios, entre ellos Palermo. Además, la administración abrió una línea de trabajo con el SUTERH, conducido por Víctor Santa María, para reforzar entre encargados de edificios la obligación de sacar la basura entre las 19 y las 21 horas. La limpieza urbana se transformó así en un frente prioritario para Jorge Macri.

En el Gobierno resumen el clima con una frase: se terminó la paciencia.