La Casa Rosada mueve sus fichas para retomar la iniciativa y sacarse de encima el asedio judicial. El próximo miércoles, el oficialismo intentará convertir en ley la polémica reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la sesión tiene un trasfondo que excede lo ambiental: es el escenario elegido por la Libertad Avanza para bloquear la citación de Manuel Adorni al recinto, justo cuando la justicia avanza sobre el entorno presidencial por presuntas estafas con la criptomoneda $LIBRA. Con un piso estimado de 130 votos, el Gobierno confía en que el «derrame» de inversiones mineras sirva como escudo para neutralizar las preguntas sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, según indica Clarín. El «pacto minero» que fractura al peronismo en busca de blindar a Manuel Adorni La reforma ha logrado quebrar la cohesión de los bloques opositores. El Gobierno tejió alianzas directas con los gobernadores de San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy, quienes ven en la nueva ley la llave para destrabar proyectos extractivos millonarios. Los legisladores de Unión por la Patria vinculados a Sergio Uñac y Lucía Corpacci votarían a favor, rompiendo la línea partidaria para priorizar los intereses territoriales. Mientras tanto, fuentes confirmaron a Clarín que los operadores oficiales negocian con sectores «dialoguistas» para que, mediante ausencias estratégicas, la oposición no logre la mayoría necesaria para interpelar a Adorni. Los cambios que encienden las alarmas ambientales El corazón de la reforma introduce modificaciones técnicas que, según ONG socioambientales, son una «sentencia de muerte» para los recursos hídricos: - Protección recortada: Solo se protegerán las zonas periglaciares que tengan una «función hídrica comprobable», dejando fuera de la ley vastos territorios hoy vedados a la industria. - Soberanía provincial vs. Ciencia: La reforma desplaza al Ianigla y otorga a las provincias la facultad de actualizar el inventario de glaciares. - Judicialización inminente: Organizaciones ambientales ya advirtieron que recurrirán a la Justicia por considerar que la ley vulnera los presupuestos mínimos de protección establecidos en la Constitución. Mientras Diputados se encamina a una sesión maratónica, el Senado activará el jueves una agenda institucionalmente sensible. Se tratará el pliego de Lucía Crexell como embajadora ante la UNESCO y se dará ingreso a los 62 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados y fiscalías. Por ahora, el plan «hojarasca» de Federico Sturzenegger quedará en pausa. La prioridad absoluta de la semana es la Ley de Glaciares: el Gobierno necesita esa victoria legislativa para demostrar gestión y, de paso, comprar tiempo para un Manuel Adorni que sigue refugiado en el silencio mediático. La Casa Rosada mueve sus fichas para retomar la iniciativa y sacarse de encima el asedio judicial. El próximo miércoles, el oficialismo intentará convertir en ley la polémica reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.