La supuesta "invención de la pólvora" en materia educativa arrancó tímidamente el año pasado en Mendoza con la prohibición del uso de celulares en las aulas del Colegio San Nicolás. Lo que comenzó como un experimento local es, en realidad, un eco de una tendencia global que ya suma adeptos en diversos países y que, como sobran los ejemplos, se extiende con fuerza en las instituciones de nuestra provincia. La medida, que a veces parece más un "pedido de permiso" a los padres que una acción institucional con convicción, se sostiene en el denominado pacto parental.

Allí se establecen las condiciones para que los alumnos se comprometan a entregar sus dispositivos al inicio de la jornada, bajo la premisa de que la escuela debe ser un territorio preservado de la "pantallización" que todo lo invade. Las normativas actuales son claras: mantener los teléfonos apagados y guardados. El objetivo no es caprichoso; busca mejorar la concentración, combatir la creciente adicción a las pantallas, mitigar el ciberacoso y, sobre todo, devolverle al aula su carácter de espacio sagrado de aprendizaje.

Quienes desconocen la gimnasia diaria dentro de un aula y esbozan críticas desde una supuesta defensa de la "libertad individual", ignoran el calvario que padecían los docentes. No hace mucho, el escenario era patético: adolescentes totalmente desconectados de su entorno, sumergidos en su música con auriculares que los aislaban por completo. En ese contexto, el docente pasaba a ser un actor invisible, alguien que pedía atención a una audiencia que ni siquiera podía oír -y mucho menos entender- sus consignas más elementales.

Ni hablar del peligroso lado b de las pantallas: las apuestas online. Esta problemática despertó alarmas rojas en Mendoza, llevando incluso a los colegios de la universidad pública a realizar amplias encuestas para dimensionar el daño y actuar en consecuencia. El crecimiento exponencial de esta ludopatía juvenil obligó a las autoridades a hacerse cargo de un problema que mezcla riesgos psicológicos, sociales y económicos en plena etapa de formación.

El impacto del uso desmedido no era solo académico, sino físico. Los expertos coinciden en que la "desintoxicación tecnológica" es urgente para frenar la fatiga visual, las malas posturas y la erosión de la comunicación cara a cara. Pero detengámonos en el punto crucial: la conexión humana.

Que los docentes vuelvan a ser escuchados, aunque sea por una imposición normativa o mano militari, es un cambio de paradigma. Durante un recreo, una profesora confesaba a sus pares al borde del llanto: "Ahora me miran. No lo puedo creer".

Para los educadores, este "semáforo rojo" a los celulares es una casi reivindicación moral. Planificar una clase para que nadie escuche, en un sistema que ofrece mil atajos para no "llevarse" la materia, generó un combo peligroso que hoy explica el bajísimo nivel de ingreso a las universidades. Es cierto: la crisis de la calidad educativa no se resuelve solo poniendo los teléfonos bajo custodia.

Sin embargo, es un paso vital para recuperar el espacio del docente, sistemáticamente avasallado por un modelo de "estudiantes empoderados" que imponían sus propias reglas. Poner fin a ese mundo del revés no es autoritarismo; es, simplemente, devolverle a la educación un poco de sentido común. El autor es periodista.

Secretario general de Redacción de diario Los Andes. [email protected]