El conflicto entre el Gobierno y la comunidad académica universitaria ingresó en una fase de tensión extrema. Bajo la consigna “El fallo está, falta que lo cumplan”, la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU Histórica anunció un paro nacional de actividades que frenará cualquier actividad en las casas de estudio. La huelga de carácter nacional se producirá desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de abril.

La medida de fuerza no solo responde al reclamo salarial acumulado, sino que introduce un componente legal de peso: la Justicia ya ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa que tuvo insistencia en el Congreso y que el Ejecutivo continúa ignorando a pesar del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Desde el sector docente aseguran que el oficialismo debe cumplir con la determinación de la Justicia y resaltan que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios universitarios han perdido un tercio de su valor real.

Según el análisis de la federación, para revertir esta caída y recuperar el nivel adquisitivo perdido, sería necesario un aumento inmediato del 50%, cifra que contempla la ley hoy judicializada y que la administración libertaria no pretende cumplir. De hecho, el Gobierno pretende sancionar otra ley de Financiamiento Universitario. De acuerdo a Antonio Rosselló -economista, docente de la UBA y miembro de las mesas ejecutivas de AGD UBA y la Conadu-, la situación actual superó el plano de la discusión paritaria y hoy ya forma parte del ecosistema judicial. “Es un Gobierno que está fuera de la ley y por eso hemos escalado ese conflicto”, planteó.

Según el profesor, el Poder Ejecutivo ignora tanto lo votado por el Congreso como los fallos de la Justicia Federal que ordenan la aplicación inmediata de la normativa. Rosselló explicó que existe una brecha “insalvable” entre los ingresos docentes y el costo de vida. El economista precisó que hoy un docente con diez años de antigüedad y cientos de estudiantes a cargo percibe apenas $250.000, una cifra que lo sitúa muy por debajo de la canasta básica.

Incluso en los casos de máxima dedicación (50 horas semanales), los salarios llegan a $1.250.000, mientras que la línea de pobreza para este mes se proyecta por encima de los $1.400.000. Frente a esto, la respuesta oficial ha sido calificada por los gremios como “insuficiente y unilateral”. Los incrementos otorgados fueron del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo.Las cifras se ubican sistemáticamente por debajo del IPC nacional y del de CABA (que recientemente marcó un 3%).

En la Federación expresaron que el aumento fue tan débil que los docentes que perciben el piso salarial ni siquiera notaron el impacto en sus bolsillos. “Las clases no se ven afectadas por el paro, ya están afectadas porque un docente tiene que manejar un Uber o hacer delivery para llegar a fin de mes”, sentenciaron desde la agrupación de profesores que dan otro dato: señalan que tiene el respaldo total de alumnos y no docentes. Lo que determinará que la protesta sea totalmente contundente, anticipan.