Santiago Pando Soldati juega al polo, es sobrino del empresario Santiago Soldati y primo de la estrella de La Dolfina, Adolfo Cambiaso. Nació en el cruce de dos apellidos que en Argentina significan dinero, campo y relaciones. Esas relaciones sirven para muchas cosas, incluso para negocios non santos, y esta semana se conoció un caso judicial que lo tiene en la mira del fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez.

Para el fiscal, Pando operó en las sombras como intermediario entre una empresa y funcionarios de Arsat para ganar una licitación. El caso cobró notoriedad porque, tras una serie de allanamientos, la Justicia encontró en la casa del ex presidente de Arsat, Facundo Leal, más de 2 millones de dólares, cocaína, otras drogas típicas de fiestas electrónicas y equipos de espionaje. Todo arrancó el 4 de enero de 2024, cuando empleados de Arsat descubrieron que en quince contenedores almacenados en un depósito de San Fernando faltaban piezas de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica usados para llevar internet de alta velocidad a todo el país.

El depósito lo operaba la empresa ALS. Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado. Lo que parecía un robo de un empleado infiel terminó siendo otra cosa.

A medida que el caso fue avanzando, se amplió la investigación porque aparecieron indicios de corrupción en la contratación de la empresa de logística que custodiaba el predio. En este punto comienza a delinearse el rol de Pando. El expediente lo define como "actor privado que operó como intermediario entre ambos sectores" y como la "figura bisagra en el vínculo entre los decisores administrativos y los contratistas".

El primer contacto documentado data del 1 de noviembre de 2020: ese día, Pando le escribió a Diego Padilla para decirle que llamara con urgencia al gerente de compras Gerardo Boschin. Unas 72 horas después, Padilla se presentó ante Boschin como referente de ALS. No había todavía ningún llamado a licitación, ningún acto administrativo habilitante.

Para los investigadores, el negocio empezó por WhatsApp. Lo que siguió fue una cadena de mensajes que el fiscal reconstruyó uno por uno, donde se ve un rol activo de Pando como mensajero entre ambas partes. Incluso, para abril de 2021, cuando la oferta para un servicio de depósito de equipos de Arsat ya había sido presentada, Pando le transmitió a la empresa que "hay que corregir algo" que "pidieron" desde Arsat.

Hay frases más comprometedoras entre Pando y Padilla. "Fijate cuánto te deja aumentar para que nos quede algo lindo. Es un negocio a cinco años. Dibujáselos", escribió Pando, proponiendo inflar el presupuesto para generar un mejor retorno.

Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, habría sido una persona clave en la licitación. Según se desprende de la causa, filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos en contrataciones directas entre 2021 y 2024. Pando, siempre según el expediente, era el nexo entre Boschin y los directivos de ALS.

Las tres ofertas de los supuestos competidores –ALS, Transportes Padilla y Tradelog– llegaron el 10 de septiembre de 2021 con minutos de diferencia. La investigación estableció que Transportes Padilla era la empresa empleadora del vicepresidente de ALS. La competencia era teatro.

El fiscal pidió indagatoria para diez personas. Uno de ellos es Pando, imputado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de cohecho y dádivas. Está acusado no solo de haber facilitado el esquema sino de haber sido retribuido con beneficios económicos por su intervención y hasta hay fotos suyas en los celulares de los investigados donde se lo ve en las oficinas de Arsat.

DROGAS. Antes de que lo llevaran detenido, Facundo Leal, el ex presidente de Arsat, preguntó por qué causa lo estaban allanando. La respuesta lo dejó descolocado.

Era aquella denuncia que él mismo había hecho en enero de 2024 por el robo de equipamiento en el depósito de San Fernando. El expediente que empezó buscando si algún empleado infiel robaba cosas del trabajo terminó volviendo como un bumerán. La investigación no lo tenía como objetivo original.

Tampoco tenía al narcotráfico ni al dinero en efectivo como hipótesis de trabajo. Lo que motivó la causa fue una pesquisa lanzada originalmente por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a Arsat, que cayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez. Cuando los investigadores avanzaron sobre los contratos con ALS y la seguridad del depósito, la pregunta obvia fue quiénes los habían firmado.

La pista obligó a los investigadores a volver a mirar dentro de Arsat. Las diligencias, ejecutadas entre el 24 y el 28 de mayo, incluyeron quince allanamientos en propiedades de Buenos Aires y Mendoza. En total se recolectaron 2,5 millones de dólares en billetes, cuantiosas sumas en otras monedas, drogas como ketamina y cristal MDMA, teléfonos celulares, computadoras portátiles y abundante documentación.

Leal presidió Arsat, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales, a partir de 2022 y hasta 2024. Luego, fue designado en 2025 por el gobierno de Javier Milei al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional. Pablo Gastón Pagani, cuñado de Leal, fue subgerente de Finanzas y fue quien rubricó la prórroga del contrato de la firma logística sin la intervención del directorio.

La causa tiene nombre colectivo dentro del expediente: "La banda de los mendocinos", como se conocía dentro de la empresa a un grupo de funcionarios oriundos de esa provincia. Lo que empezó como un robo de cables terminó destapando un esquema de contrataciones direccionadas en chats de WhatsApp. En el centro de todo eso –sin cargo ni firma– está Santiago Pando Soldati: intermediario que conectó dos mundos y se quedó, según su chat, "con algo lindo".