Tal como había anticipado Los Andes, el Gobierno nacional finalmente autorizó, mediante un decreto, a Mendoza y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos. Sin perder la jurisdicción y supervisión nacional, la medida apunta a descentralizar la gestión, acelerar obras y recuperar el dinero. Tal como había anticipado Los Andes, el Gobierno nacional finalmente autorizó, mediante un decreto, a Mendoza y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos. "Delégase en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias", indica el decreto N° 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados. En ese sentido, las provincias quedarán facultadas para "aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente". Vialidad Nacional le pedirá a las provincias la presentación de, por lo menos, el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.

Respecto al tramo intervenido, la recuperación de los fondos por el peaje no podrán ser afectados a la construcción o conservación de "otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza", aun cuando tengan vinculación. El gobierno de Mendoza había expresado varias veces su intención de gestionar activamente sus corredores viales, en el marco de un esquema de financiamiento directo donde el usuario costea las mejoras de las rutas que transita. "A la chilena", como alguna vez planteó Milei en la campaña. Bajo este nuevo paradigma, se redistribuyen las competencias: la provincia asumirá la confección de pliegos, la ejecución de obras y la fijación de tarifas de peaje, mientras que los organismos nacionales (Vialidad) conservarán exclusivamente la supervisión técnica del servicio.

Según explicó el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, en el caso de Mendoza son las rutas nacionales 40 y 143 aquellas intervenidas. En la RN40, el Gobierno encaró un "plan de transformación integral" en un tramo de 16 kilómetros que va desde calle Paso hasta la Variante Palmira, en el Acceso Sur. Planea gastar allí casi 89.000 millones de pesos.

El proceso licitatorio arrancó a comienzos de febrero. Respecto de la ruta 143, en el sur, el Gobierno provincial ya adjudicó la obra. En total se van a intervenir 107 kilómetros de esa vía, que sirve de conexión entre los departamentos de San Rafael y San Carlos.

La inversión será de 62.868 millones de pesos. Ambas obras se financiarán con el Fondo de Resarcimiento. El decreto también precisa que las provincias podrán realizar concesiones por un plazo que “en ningún caso podrá exceder de treinta (30) años contados desde su aprobación”.

Al respecto, el ministro Mema respondió a Los Andes que los plazos de concesión en Mendoza “están en estudio” y aclaró también que los procesos licitatorios no podrán demorarse más de un año, también por disposición de la Nación. “El plazo que pone el decreto para la licitación es de un año, pero los peajes no van a estar operativos hasta que las rutas estén listas”, confió el ministro de Gobierno. El decreto establece también que "la jurisdicción provincial deberá suscribir el contrato y otorgar la toma de posesión a la concesionaria dentro de los NOVENTA (90) días hábiles contados desde la adjudicación, salvo que por razones debidamente fundadas se establezca un plazo distinto en el respectivo pliego". En tanto, aquellas jurisdicciones provinciales que no avancen con las licitaciones correspondientes en el plazo de un año, perderán la delegación que recibieron y el Estado Nacional retomará la gestión y mantenimiento del tramo correspondiente, aclara el decreto.

Además de las dos rutas nacionales que se suscribirán a las disposiciones de este decreto, se agregan los caminos viales de orden provincial en los que habrá peajes. Mema ratificó que el Acceso Este desde Maipú hasta el Nudo Vial (Ruta Provincial 22, ex Ruta Nacional 7), también tendrá sistema de peajes. Y agregó que la Ruta 82 en Luján de Cuyo también podría tener repago. “Lo estamos analizando para todo el tramo”, comentó.

En tanto, la primera ruta provincial que podría tener peajes será la RP 53 en el Este. La obra de repavimentación podría terminarse en el segundo semestre de 2026 y quedaría en condiciones de que se instale un peaje físico, con barreras, en el distrito de Ñacuñán (Santa Rosa), a la altura del control fitosanitario del Iscamen. Es una decisión que responde a una de las condiciones establecidas para el uso de los fondos provenientes de Portezuelo del Viento: el repago de las obras.