El mismo puente fue escenario de la tragedia que terminó con la vida de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien murió tras ser lanzada sin cuerda de seguridad durante una actividad de salto extremo. La investigación La Justicia brasileña dispuso la prisión preventiva de Egoroff y de Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. La medida fue tomada luego de que los investigadores detectaran un intento de fuga por parte de los acusados tras el hecho.

Los tres se presentaban como instructores de rope jumping. Sin embargo, la investigación avanzó sobre presuntas irregularidades en los procedimientos de seguridad utilizados durante las actividades. Durante su declaración ante la policía, Egoroff indicó que cobraba alrededor de 180 reales por salto, equivalentes a unos U$S 35.

También sostuvo que la revisión de cuerdas y equipos se realizaba de manera conjunta con sus compañeros. Consultado sobre si había participado en la instalación del sistema de seguridad o en la inspección final previa al salto de María Eduarda, respondió que no lo recordaba. Falta de protocolos El presidente de la Asociación Brasileña de Salto de Cuerda y Péndulo Humano (ABRJH), Marco Antonio Junior, cuestionó con dureza el accionar de los involucrados. “No hay un estándar mínimo de seguridad; tres personas haciendo el mismo trabajo.

La levantaron, la alzaron y la lanzaron como un saco de papas. No les importó en absoluto la vida de la persona. Nada.

Es grotesco”. Según explicó, este tipo de actividades requiere una doble verificación obligatoria. Mientras un instructor coloca y asegura la cuerda al participante, otro debe controlar que todo el sistema esté correctamente ajustado antes del salto. “Aquí había tres personas cumpliendo la misma función, sin tener idea de lo que estaban haciendo”, sentenció. “No tenían ningún protocolo”, remarcó.

En paralelo, el municipio de Limeira anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno federal por el estado de abandono del puente, un lugar frecuentado por deportistas extremos y que, según denunciaron las autoridades locales, carece de controles oficiales.