El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que fijó el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 en Colombia. El alto tribunal sostuvo que el incremento decretado no se basó en los criterios técnicos que exige la ley, como la inflación y la productividad. En lugar de estos parámetros, el Gobierno de Colombia empleó ideas como el “salario vital” y la “brecha de suficiencia material”, con lo que se apartó de las referencias tradicionales legales. De acuerdo con la Ley 278 de 1996, el salario mínimo debe calcularse al aplicar parámetros obligatorios, como la meta de inflación, la productividad y el crecimiento del PIB. El Consejo de Estado consideró que el aumento propuesto superaba ampliamente estos indicadores, por lo que la motivación resultó incompatible con lo que estipula la legislación vigente. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel La autoridad judicial ordenó al Ejecutivo expedir en un máximo de ocho días un nuevo decreto, adaptado de manera estricta a los criterios técnicos de la ley. Mientras tanto, seguirá vigente el monto anterior del salario mínimo, manteniendo las condiciones laborales de millones de trabajadores. Al respecto, luego de la reunión de la Comisión de Concertación del 16 de febrero, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, cuestionó la intervención judicial y defendió el mecanismo de concertación. “No va a ser el Consejo de Estado el que nos va a decir, mediante una fórmula matemática, que el aumento del salario mínimo es ese”, afirmó en rueda de prensa. Legitimidad de la negociación colectiva Insistió el dirigente sindical en la legitimidad de la negociación colectiva para fijar el salario mínimo. “Sino entonces, ¿para qué la Comisión de Concertación? Creo que el Consejo de Estado está equivocado de cabo a rabo en las apreciaciones que tiene; ha negado el fallo de la Corte Constitucional donde dice cuál es la prevalencia en el sistema de la definición del salario mínimo”, añadió el presidente de la CUT. De igual manera, en un video posterior al encuentro con periodistas, enfatizó en que la fijación del salario debe mantenerse como resultado del diálogo entre empresarios, trabajadores y Gobierno. “El elemento principal del establecimiento de un salario mínimo es esa negociación, pero que obviamente si no hay acuerdo, pues el presidente, de manera discrecional, puede tomar la decisión que quiera”, explicó. Para él, la facultad del presidente para establecer el monto solo debe usarse si no se alcanza un consenso. “Es lo que le decíamos siempre a los empresarios. Les sirve a ustedes que en el gobierno de Gustavo Petro y en los gobiernos populares y democráticos que vamos a continuar ahora en estas próximas elecciones, les conviene llegar a acuerdo con nosotros y no esperar que al presidente les pida”, señaló. Recalcó la importancia de salvaguardar el mecanismo de la concertación tripartita. “No lo tuvieron en cuenta, pero será ese siendo el escenario natural que nosotros vamos a seguir defendiendo”, puntualizó. Asimismo, abordó el impacto inmediato de la suspensión del aumento del salario mínimo. Expedición de un nuevo decreto Manifestó que el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras, CUT, CGT-CTC y las dos confederaciones de pensionados, reiteraron ante el Gobierno nacional y en la Comisión Nacional de Concertación que por lo menos el Gobierno nacional debe expedir un nuevo decreto, como se lo ordena el auto del Consejo de Estado, en las mismas proporciones del 23,7% de incremento en el salario mínimo vital. Para Arias, el salario mínimo ya pagado representa un derecho adquirido que no debe revertirse. “Nosotros lo consideramos derechos adquiridos ya, porque han sido pagados y reconocidos a casi cinco millones de colombianos o que ganan el salario mínimo como trabajadores o que reciben mesada pensional del salario mínimo”. De tal manera, según agregó, que es un acto simple y llanamente de reconocimiento que no se puede regresar ni devolver, como lo intenta influenciar el Consejo de Estado con su auto. Resaltó que el beneficio social alcanza a cinco millones de individuos, ya sea como salario o pensión. Argumentó que los pagos hechos son derechos respaldados por la legislación laboral colombiana. Respecto a la reacción de los gremios económicos y los empresarios, Arias aseguró que varias organizaciones respaldan mantener el ajuste en el mismo porcentaje. “Debemos reconocer que varios de los gremios económicos expresaron que, por ya ser un hecho cumplido, pues no estarían en desacuerdo que se volviera a dictaminar ese mismo 23,7%”, sostuvo. Acuerdo con los empresarios No obstante, reconoció que no existe acuerdo entre todos los empresarios, lo que impidió cerrar una decisión colectiva. “Realmente, la reunión hoy de la Comisión de Concertación sirvió para ver ese elemento importante de algunos empresarios. No desafortunadamente, no de todos, porque nos hubiéramos evitado cualquier circunstancia como se lo propusimos, tanto el Gobierno como nosotros en la Comisión Nacional de Concertación”, aclaró Arias. El presidente de la CUT considera que un acuerdo pleno en la comisión habría evitado la actual “conflictividad judicial” y devuelto la decisión al ámbito político. “Hagamos un acuerdo y mandamos esta decisión al Consejo de Estado y es una decisión ya la de Comisión de Concertación que debe ser tenida en cuenta por el presidente de la República, y por tal motivo el Consejo de Estado no podría seguir en desarrollo de una situación de competencia judicial para anular el decreto del salario mínimo vital”, expuso. Respaldo al reajuste establecido Durante la sesión de la Comisión de Concertación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó su respaldo a mantener el ajuste del 23,7% y defendió el concepto de salario vital. “El diálogo entre los gremios y las centrales obreras se desarrolló de manera abierta. Ambas partes respaldan mantener el aumento del 23,7% en el salario mínimo”, indicó el funcionario. A su vez, resaltó la postura oficial del Ejecutivo respecto al salario vital. El principio es asegurar condiciones laborales dignas para todos los trabajadores. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró que el salario vital es un derecho adquirido por trabajadores y pensionados. Resaltó el esfuerzo conjunto de sindicatos, Gobierno y entidades sociales para alcanzar un pacto por la vida, con el objetivo de promover mayor equidad, justicia social y reducir las brechas. Ávila llamó a preservar los avances sociales y convertir la determinación del salario en un mecanismo para fortalecer la equidad. Apeló a la responsabilidad de las organizaciones y autoridades para evitar retrocesos en los logros laborales del país. En el cierre de su intervención, Fabio Arias instó al Gobierno a expedir un nuevo decreto que ratifique el mismo porcentaje del ajuste fijado con anterioridad. Advirtió sobre el riesgo de que la vía judicial reemplace el diálogo social en la definición del salario mínimo. El dirigente sindical insistió en que la defensa de la negociación colectiva será una prioridad en la acción de las organizaciones obreras.