La "motosierra" parece haber encontrado su límite en los despachos oficiales. Mientras el discurso público se centra en la austeridad extrema y la consigna de que "no hay plata", un reciente movimiento administrativo terminó con el congelamiento salarial para la alta jerarquía del Poder Ejecutivo, otorgando incrementos que triplican la realidad del trabajador promedio. Según los datos que circularon en las últimas horas, los ministros pasaron de percibir un salario bruto de $3.584.006 en diciembre de 2025 a proyectar un ingreso de $8.020.866 para mayo de 2026.

El salto inicial fue el más brusco: solo entre diciembre y enero, la actualización rozó el 99%. La brecha del sacrificio El dato político más sensible no es solo la cifra en sí, sino el contraste. Apenas dos semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado como un "lujo" inalcanzable cualquier aumento significativo para las jubilaciones que comprometiera el equilibrio fiscal.

Sin embargo, para los ministros y secretarios —estos últimos pasarán de cobrar $3,2 millones a $7,3 millones en el mismo periodo—, el "lujo" de la recomposición salarial ya es un hecho consumado. Para intentar contener el impacto en la opinión pública, la medida incluyó una cláusula simbólica: Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron excluidos del beneficio. El Presidente mantiene su sueldo en torno a los $4 millones y la Vicepresidenta —quien ya había expresado sus quejas por el atraso de sus haberes— en $3,7 millones.

Se trata de un gesto de "austeridad en la cima" que busca blindar la imagen presidencial, aunque deja expuesta la contradicción de su equipo de trabajo. La casta y la billetera La decisión también impactó en figuras de alta exposición como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo nivel de vida y recientes crecimientos patrimoniales están bajo la lupa judicial. Con salarios que ahora superan los 8 millones de pesos, la narrativa de la "casta" sufriendo el ajuste empieza a resquebrajarse.

Mientras los empleados públicos y docentes negocian paritarias que apenas empatan la inflación, en la Casa Rosada se optó por un "salariazo" de cinco meses que garantiza la comodidad de la primera línea libertaria. El ajuste, por ahora, se reparte de forma desigual: sigue siendo una carga pesada para los jubilados y un alivio retroactivo para quienes firman los decretos.