La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol. La mandataria lo anunció durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si alguno de los acusados había abandonado el país, en la cual señaló que, al contar con fichas rojas, las autoridades de otros países podrían detenerlos si abandonan México. PUBLICIDAD “Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, explicó.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que ninguna norma legal obliga al Ejecutivo federal a mantener una vigilancia especial sobre los ocho señalados que permanecen libres en México. Sin embargo, destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación paralela. PUBLICIDAD “No hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre las otras personas”, sostuvo.

Rocha Moya, en Sinaloa con resguardo de la Guardia Nacional Durante sus declaraciones, la presidenta confirmó que Rocha Moya permanece en su domicilio en Sinaloa, pese a que llevaba más de dos semanas sin aparecer en público. Precisó que el exgobernador cuenta con protección de la Guardia Nacional, asignada tras una evaluación de riesgo y a petición propia: “Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite”, afirmó. PUBLICIDAD Sobre el paradero del senador Inzunza, Sheinbaum reconoció que no contaba con información precisa.

Tampoco supo confirmar si el legislador solicitó algún tipo de protección al Gobierno federal: “No tengo conocimiento del senador, supongo que no porque no se ha mencionado”, respondió. ¿De qué acusan a Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos? De los 10 acusados originales, dos se entregaron de forma voluntaria a las autoridades estadounidenses antes de que Sheinbaum hiciera el anuncio.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya se encuentran bajo custodia de la justicia de ese país. PUBLICIDAD Por eso, al momento de la conferencia, la ficha roja activa de Interpol afectaba a ocho personas. Entre ellas figuran también Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; y tres personas identificadas con alias: “Cholo”, “Tornado” y “Juanito”.

¿De qué se le acusa a Rocha Moya y a sus colaboradores? A finales de abril, Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos de Sinaloa, acusándolos de proteger de manera sistemática al Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyeron delitos como asociación delictuosa para el tráfico de drogas, corrupción institucional y posesión ilegal de armas de fuego.

PUBLICIDAD El señalamiento principal recayó sobre el supuesto apoyo directo a las operaciones del grupo criminal y la facilitación del trasiego de estupefacientes hacia territorio estadounidense. Entre los nueve funcionarios se encuentran: - Enrique Inzunza Cázares, actualmente senador y antes secretario general de Sinaloa. - Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas. - Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa. - Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”. - Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. - José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal. - Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán. - Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán. La investigación estadounidense sostuvo que los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de permitir el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína.

Dichos pagos, según el expediente, se habrían utilizado también para asegurar que la estructura del cártel operara sin interferencia de las autoridades estatales y locales, protegiendo sus rutas y evitando detenciones. PUBLICIDAD Entre las maniobras atribuidas a Rocha Moya y los demás funcionarios, las autoridades de Estados Unidos detallaron la entrega de información confidencial sobre operativos policiales, la liberación de miembros detenidos del cártel y la designación de funcionarios afines a la organización criminal dentro de la administración pública. Además, se les acusó de permitir el uso de armas de guerra y de brindar respaldo institucional para evitar que se actuara judicialmente contra integrantes del grupo.

Los fiscales estadounidenses señalaron que algunos de los acusados también habrían participado en la eliminación de rivales políticos, en la coordinación de secuestros, homicidios y en el tráfico de armas. A cambio de estos favores, el cártel habría garantizado apoyo político, financiamiento ilícito y protección a los funcionarios señalados y a sus familiares. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD