Durante los años noventa, en medio de la expansión del consumo, del sostenido crecimiento del PBI y de la ilusión latente del ingreso al primer mundo, la Argentina produjo una de las síntesis más crudas y perversas de su cultura política: roban pero hacen. No era una consigna partidaria ni una defensa explícita del poder, sino una racionalización socialmente extendida, que condensaba una forma pragmática de calificar el poco transparente proceder del menemismo. La corrupción no era ignorada, pero pasaba a ser aceptada como prebenda social por haber derrotado a la hiperinflación y por haber ordenado el descalabro económico en el que finalizó el alfonsinismo.

Los sombríos procesos de privatización, los escándalos de sobresueldos, el tráfico ilegal de armas y la promiscuidad entre negocios y política, eran ampliamente conocidos y discutidos en la opinión pública. Pero los triunfos sucesivos de Carlos Menem en las urnas demostraban que la población, de alguna manera, convalidaba esa corrupción. Esa justificación no implicaba indiferencia moral, sino una jerarquización utilitarista: mientras hubiera una cierta sensación de progreso, el desvío de fondos públicos quedaba relativizado.

El cohecho no desaparecía de la condena social, pero terminaba siendo subordinado a los resultados económicos. En semejante equilibrio se sostuvo gran parte de la legitimidad del sistema político durante esa década. La cínica lógica de aquellos años establecía que el gobierno se juzgaba por sus resultados estadísticos, no por sus principios éticos.

Treinta años después, la sociedad argentina transita por estas horas un camino similar, pero que puede empezar a ser muy distinto. Durante los primeros dos años del mandato de La Libertad Avanza, la lucha contra la inflación mostró indicios favorables y las denuncias de enriquecimiento ilícito fueron solapadas. Pero algo parece haber cambiado en estas horas.

Ya no se trata de una tolerancia calculada de la corrupción mientras es compensada por el bienestar, sino de una combinación mucho más inestable: aparece ahora un oficialismo que construyó su legitimidad sobre la condena moral del pasado y que prometió erradicar “los privilegios” como eje central de su identidad política, pero que empieza a acumular acusaciones en un duro contexto, en el que los logros económicos no aparecen con la misma claridad. Y en ese desplazamiento se configura una nueva fórmula, mucho más inquietante que la anterior: roban pero no hacen. Los episodios recientes así lo demuestran.

El escándalo de la criptomoneda $Libra y las investigaciones en la compra de medicamentos del Andis no lograron incomodar al mileísmo. Pero las controversias sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el viaje de su esposa acompañando la delegación oficial a Estados Unidos y el vuelo en avión privado a Punta del Este, empiezan a generar otro síntoma. Aquella sentencia resumida en “la casta es el otro“ comienza a perder peso específico a medida que la asfixia del modelo económico (aumento del desempleo, estancamiento del descenso inflacionario, abrupta caída del consumo) impide un amortiguamiento del costo político.

Para decirlo más crudamente: es posible tolerar la corrupción, pero solo si hay prosperidad. Y si el progreso se demora en la Argentina de hoy, no hay pizza ni champán. Pierre Rosanvallon es uno de los cientistas sociales que mejor interpretó por qué las democracias contemporáneas no se sostienen solo por haber ganado elecciones, sino por un consenso social basado en la gestión, que debe ser apoyada en la transparencia y en la rendición de cuentas.

Profesor del prestigioso Colegio de Francia y figura central de la teoría democrática contemporánea, el politólogo formado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales explica en La contrademocracia que cuando un político se presenta enarbolando la bandera de la anticorrupción, está afirmando algo más profundo y su legitimidad no es solo política, sino moral. Esa validez de origen es la que está perdiendo ahora La Libertad Avanza. Y la está perdiendo a pasos acelerados.

Si el eje del poder es “somos distintos“ y “venimos a terminar con los negociados”, una denuncia de corrupción no funciona como un desliz más de la gestión, sino como una contradicción estructural. Rosanvallon lo advierte en su marco conceptual: la legitimidad moderna depende del respaldo público en la integridad del poder, y cuando esa totalidad se rompe, la confianza colapsa con mayor velocidad. Por eso, en este caso, el escándalo no erosiona solo una política o un funcionario, sino que afecta el fundamento mismo sobre el que el gobierno libertario construyó su autoridad.

Esa es la trampa en la que quedó atorado Manuel Adorni. Y es también la trampa en la que quedó atorado Javier Milei. A diferencia de los noventa, ahora no hay pizza ni champán.

Para redefinir el problema más allá del posible delito ético y penal, resulta interesante reparar en el aporte de Daniel Kaufmann. Formado en la Universidad de Harvard, ex director del programa de gobernanza del Banco Mundial y actual referente del Natural Resource Governance Institute, el economista venezolano planteó que la corrupción no es solo un fenómeno objetivo, sino también una percepción social medible. En Mitos y realidades de la gobernanza y la corrupción, Kaufmann desarrolla una idea clave para entender el dilema libertario: los gobiernos que prometen transparencia fijan un estándar elevado y, por eso mismo, se vuelven más vulnerables a shocks reputacionales.

La mentada “vara alta” mencionada por Adorni. Cuanto mayor es la promesa de integridad, más abrupta es la caída cuando ese augurio se ve cuestionado. Porque lo que se rompe no es solo una norma, sino la expectativa que sostenía a ese gobierno.

Ese cambio de clima se profundiza cuando la economía no acompaña. Una serie consistente de Management & Fit permite observar el punto de inflexión: a fines de 2023, la corrupción ocupaba un lugar secundario en la agenda pública, muy por detrás de la inflación y la situación económica. Sin embargo, la preocupación por el proceder de los funcionarios comenzó a escalar de manera sostenida a mediados de 2025, pasando del 17,3% en mayo, al 22% en agosto, hasta superar a la inflación como principal inquietud.

Encuestas más recientes, como la Opina Argentina, realizadas durante este año ubican a la corrupción con el 29% de las menciones, mientras que relevamientos de Zuban Córdoba y Asociados también registran su consolidación como uno de los principales temas de alarma en la sociedad. El desplazamiento es significativo porque no refleja solo un aumento cuantitativo, sino un cambio en la jerarquía de la agenda pública, donde la expectativa moral adquiere un peso decisivo en la legitimidad de La Libertad Avanza. A diferencia de los noventa, cuando el crecimiento ocultaba los escándalos, el presente combina denuncias con falta de transparencia.

Y en ese cruce aparece la ruptura: la sociedad argentina puede tolerar el “robo” cuando “hacen”, pero difícilmente permita la corrupción a secas. Porque cuando la política no ofrece ni resultados ni superioridad moral, lo que queda es la forma más desnuda del problema.