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Río Negro pagará en noviembre la coparticipación adicional a 14 municipios

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Río Negro pagará en noviembre la coparticipación adicional a 14 municipios
Lo esencial
  • A fines de noviembre, la Provincia transferirá a los 14 municipios las partidas correspondientes a la compensación adicional por coparticipación acordada en septiembre
  • El 28 de septiembre, el decreto Nº 910 promulgó la Ley Nº 5896, que ratificó los convenios de Compensación Financiera Transitoria celebrados individualmente entre la Provincia y los 14 municipios
  • La ley autoriza al Poder Ejecutivo a liquidar y transferir mensualmente los fondos a cada municipio firmante, de acuerdo con un “monto base mensual inicial” que totaliza $1.029 millones, equivalentes a unos US$672.000
  • En principio, el esquema representa una asignación anual proyectada de $12.347 millones, algo más de US$8 millones

A fines de noviembre, la Provincia transferirá a los 14 municipios las partidas correspondientes a la compensación adicional por coparticipación acordada en septiembre. Los convenios todavía requieren el aval de los respectivos concejos deliberantes, según indicaron en el ministerio de Hacienda. Las asignaciones están previstas desde octubre y el primer depósito ocurrirá el último día hábil de noviembre, junto con el envío final de la coparticipación regular para todos los municipios. En Hacienda preparan el decreto reglamentario. En algún momento se especuló con que la puesta en marcha de la compensación podría demorarse. Sin embargo, en esa cartera aseguraron que la norma pendiente solo contempla cuestiones técnicas, como la incorporación de un código presupuestario. El 28 de septiembre, el decreto Nº 910 promulgó la Ley Nº 5896, que ratificó los convenios de Compensación Financiera Transitoria celebrados individualmente entre la Provincia y los 14 municipios. La nómina incluye a Ingeniero Huergo, Guardia Mitre, Darwin, Ministro Ramos Mexía, General Roca, Comallo, Catriel, San Carlos de Bariloche, Los Menucos, Cervantes, Cipolletti, El Bolsón, Dina Huapi y General Fernández Oro. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a liquidar y transferir mensualmente los fondos a cada municipio firmante, de acuerdo con un “monto base mensual inicial” que totaliza $1.029 millones, equivalentes a unos US$672.000. Las partidas tendrán una actualización semestral. En principio, el esquema representa una asignación anual proyectada de $12.347 millones, algo más de US$8 millones. La actualización de los montos se calculará según la “variación acumulada positiva del IVA y de Ingresos Brutos”. Los convenios aclaran que los aportes no se reducirán si alguno de esos indicadores tributarios registra una caída. Las razones Según los acuerdos, la compensación tiene dos objetivos: “reconocer la realidad demográfica” y “preservar la estabilidad y previsibilidad financiera del conjunto del sistema municipal”. Los municipios incluidos registraron un crecimiento poblacional superior a la media provincial, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de 2022. Los fondos tendrán destinos específicos. Deberán utilizarse para sostener y mejorar los servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura vinculada con esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de cada municipio. El entendimiento establece, además, una prohibición expresa: los recursos no podrán aplicarse, directa ni indirectamente, al pago de gastos de personal municipal. El primer semestre prevé la siguiente nómina de aportes mensuales: Cipolletti, con $319,4 millones, Bariloche, con $195,9 millones, Fernández Oro, con $149,7 millones; El Bolsón, con $137,8 millones; Dina Huapi, con $89,3 millones; Roca, con $50,7 millones; Catriel, con $38,7 millones; Cervantes, con $21,7 millones; Los Menucos, con $16,2 millones; Comallo, con $3,2 millones; Ramos Mexía, con $2,7 millones; Darwin, con $2,2 millones; Guardia Mitre, con $1,0 millón; y Huergo, con $ 400 mil. Por último, el esquema tendrá carácter transitorio. Continuará vigente hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o se realice un nuevo Censo Nacional que modifique las variables utilizadas para distribuir los recursos.

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