La reciente adjudicación de la remodelación del Acceso Este en el tramo que atraviesa Maipú reavivó el debate sobre la distribución de los fondos del denominado Fondo del Resarcimiento, creado tras la suspensión de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Según un relevamiento exclusivo realizado por Los Andes, dos grandes constructoras locales, Ceosa y José Cartellone Construcciones Civiles SA, concentran cerca del 60% de los fondos asignados a proyectos ya en ejecución o próximos a iniciarse, lo que equivale a unos 239 millones de dólares.

Este fondo fue establecido para canalizar recursos que originalmente estaban destinados a la megaobra Portezuelo del Viento, un proyecto emblemático para Mendoza que fue postergado por diversas razones políticas y técnicas. El gobierno de Alfredo Cornejo, desde el inicio de su gestión, estableció criterios estrictos para la utilización de estos fondos: las obras debían contribuir a modificar la matriz productiva provincial y contemplar esquemas de repago, además de promover la diversidad en la adjudicación para evitar la concentración en una sola empresa.

Sin embargo, el análisis detallado de las adjudicaciones muestra una marcada concentración en dos firmas. Ceosa, liderada por Fernando Porreta, acumula contratos por 137 millones de dólares, principalmente en proyectos de irrigación y vialidad provincial, mientras que Cartellone suma cerca de 102 millones, con obras vinculadas a infraestructura vial y saneamiento. La tercera empresa en el ranking apenas alcanza el 6,1% del total adjudicado, lo que evidencia la disparidad en la distribución.

Este fenómeno genera inquietud en el sector empresario local. Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), reconoció la transparencia de los procesos licitatorios pero advirtió: "Hay dos empresas importantes que se están llevando por encima del 50% de las obras, situación que debería ser prudente y llamar la atención previo a las adjudicaciones". Fernández señaló que la concentración puede trasladar el poder de negociación a las empresas, lo que podría complicar futuras renegociaciones contractuales.

Por su parte, Dalmiro Barbeito, referente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), valoró la política de atomización de obras pero expresó preocupación por las ofertas muy por debajo del presupuesto oficial. "A veces lo barato puede terminar siendo caro en el futuro", advirtió, y pidió garantizar la participación de la amplia red de empresas locales para evitar la concentración excesiva.

Desde el Gobierno provincial, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, defendió la transparencia y competitividad de las licitaciones. Explicó que se aplican mecanismos para evitar ofertas temerarias y que los fondos están garantizados, con pagos realizados incluso antes de los plazos legales. "El juego está más abierto que en cualquier momento de la obra pública", afirmó, y atribuyó la agresividad en las ofertas al contexto nacional de caída de la obra pública y la necesidad de las empresas de mantener su estructura operativa.

En términos económicos, el Fondo del Resarcimiento cuenta con un total disponible de aproximadamente 1.02 mil millones de dólares, de los cuales el 84% ya fue asignado a 48 proyectos. De estos, 31 están en ejecución o próximos a comenzar, con un presupuesto conjunto de casi 400 millones de dólares. Además, hay otros 457 millones en proceso de licitación, lo que indica que la distribución de recursos seguirá siendo un tema central en la agenda provincial.

La concentración de contratos en pocas empresas no es un fenómeno exclusivo de Mendoza. A nivel nacional, la retracción de la obra pública y la crisis económica han llevado a una mayor competencia entre grandes firmas, muchas de ellas con capacidad para presentar ofertas agresivas que desplazan a las pymes locales. En este contexto, la defensa del "compre mendocino" y la promoción de la diversidad empresarial son desafíos que el gobierno deberá enfrentar para equilibrar eficiencia, transparencia y desarrollo local.

Finalmente, la situación judicial de Cartellone, con directivos imputados en la causa conocida como "Causa Cuadernos" por presuntos hechos de cohecho activo, añade una capa de complejidad al análisis. La empresa logró reestructurar su deuda a fines de 2025, evitando la quiebra, pero su protagonismo en las adjudicaciones genera debates sobre la ética y la gobernanza en la contratación pública.

En definitiva, mientras el Fondo del Resarcimiento impulsa obras clave para Mendoza, la concentración de fondos en dos grandes constructoras plantea interrogantes sobre la equidad, la competitividad y el futuro del sector de la construcción en la provincia. Como señaló Fernández, "las cosas valen lo que valen, no valen la mitad", un recordatorio de que la transparencia y la prudencia deben ser pilares en la gestión de recursos públicos.