La regulación de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un desafío global. Los avances de los modelos más sofisticados, su capacidad para ejecutar ciberataques y los riesgos de manipulación de información o dependencia emocional impulsaron los reclamos para establecer límites. Sin embargo, Estados Unidos, China y la Unión Europea siguen caminos diferentes sobre cuánto debe intervenir el Estado y qué responsabilidades deben asumir los desarrolladores. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en 2025, Washington priorizó la expansión de la IA mediante compromisos voluntarios y decretos. El mandatario revocó una disposición de Joe Biden que exigía a los desarrolladores de los modelos más avanzados compartir con el Gobierno los resultados de sus pruebas de seguridad. En julio de 2025, la Casa Blanca presentó un plan de acción con más de 90 medidas para impulsar la tecnología. El Congreso no aprobó una ley federal específica y rechazó una iniciativa para impedir que los estados establezcan sus propias reglas. California, por ejemplo, exige a los desarrolladores de los modelos más potentes divulgar sus protocolos de seguridad y notificar incidentes graves. Además, un decreto de junio estableció un mecanismo voluntario para que las empresas permitan al Gobierno acceder a determinados modelos hasta 30 días antes de su lanzamiento, ante el riesgo de ciberataques. El 29 de septiembre, los principales directivos del sector firmaron un código de conducta que contempla auditorías independientes, pero no prevé sanciones. Algunos especialistas reclaman una cultura de prevención similar a la de la aviación o la energía nuclear. Pekín supervisa de cerca las aplicaciones de IA, aunque desacelerar su desarrollo no es una prioridad. Los contenidos generados por estos sistemas están sujetos a las reglas de censura de internet y deben identificarse como tales desde septiembre de 2025. En julio entraron en vigencia normas para los robots conversacionales de compañía: prohíben simular relaciones amorosas con menores, exigen sugerir pausas después de dos horas de interacción e impiden clonar personas reales sin su consentimiento. El presidente Xi Jinping afirmó que la IA debe permanecer “siempre bajo control humano” y reclamó más leyes, vigilancia tecnológica y mecanismos de respuesta ante emergencias. Sin embargo, analistas del Oxford China Policy Lab advierten que los controles estadounidenses a las exportaciones ya condicionan el desarrollo tecnológico chino y alimentan las resistencias a ralentizarlo. - Leyes y demoras La Unión Europea aprobó en 2024 su Ley de Inteligencia Artificial, presentada como el marco regulatorio más completo del mundo. El sistema establece obligaciones según los riesgos de cada aplicación, pero las empresas consiguieron aplazar hasta diciembre de 2027 las normas para determinados sistemas de alto riesgo, como los utilizados para conceder créditos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que el bloque puede orientar los esfuerzos internacionales y propuso dialogar con los principales laboratorios para moderar el avance tecnológico. En agosto, ChatGPT quedó incluido entre los servicios digitales sujetos a mayor escrutinio legal. En septiembre, Bruselas propuso exigir garantías de seguridad para los asistentes de IA utilizados por menores, con especial atención a los sistemas capaces de generar dependencia emocional. Claramente, las tres estrategias exponen una tensión central: cómo garantizar la seguridad sin bloquear la innovación. La regulación de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un desafío global. Los avances de los modelos más sofisticados, su capacidad para ejecutar ciberataques y los riesgos de manipulación de información o dependencia emocional impulsaron los reclamos para establecer límites. Sin embargo, Estados Unidos, China y la Unión Europea siguen caminos diferentes sobre cuánto debe intervenir el Estado y qué responsabilidades deben asumir los desarrolladores.