Con un extenso comunicado, de tres páginas, la Registraduría Nacional respondió en la noche del martes 2 de junio a las denuncias del presidente de la República, Gustavo Petro, que alegó un supuesto fraude en la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo y en la que el ganador de la jornada fue el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, aunque definirá sus posibilidades en una nueva contienda, prevista para el 21 de junio, ante Iván Cepeda. Con una defensa del proceso efectuado en el territorio nacional, el ente rector rechazó sus señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y sostuvo que el censo no se cerró dos meses antes de los comicios, como afirmó el primer mandatario; negó cambios en el software electoral el 26 de mayo, y advirtió que en redes sociales circulan formularios E-14 alterados con inteligencia artificial, a manera de desinformación. PUBLICIDAD Uno de los aspectos más relevantes de esta respuesta fue el del cierre del censo electoral, que la entidad ubicó el 30 de abril y no el 31 de marzo.

Según el boletín oficial, ese registro quedó conformado por un total de 41.421.973 colombianos habilitados para votar en el país y el exterior, y fue socializado ese mismo día con las agrupaciones políticas en la mesa técnica Cómo vamos, con acta firmada por representantes de cada una de las campañas participantes. De la misma manera, la Registraduría agregó que el 22 de mayo de 2026 entregó a las campañas una aplicación de consulta individual del censo electoral en CD para verificar el puesto de votación de cualquier ciudadano. Ese dato fue incorporado como parte de la defensa de la trazabilidad del proceso, en medio de las acusaciones divulgadas por Petro en la red social X, en las que alegó que se habría alterado en más de 885.000 cédulas el universo electoral para la jornada.

PUBLICIDAD Frente a los constantes señalamientos provenientes del inquilino de la Casa de Nariño, el organismo también respondió a uno de los puntos que alimentó las sospechas sobre altas votaciones por mesa. También, indicó que los potenciales de votantes por cada mesa en Colombia y el exterior fueron publicados mediante las resoluciones 4601 y 4602, del 4 de mayo, y entregados ese mismo día a las organizaciones políticas que participarían en la elección. El censo definitivo y la distribución de mesas: esta es la explicación de la Registraduría Sobre el censo, la Registraduría precisó en el comunicado difundido el 2 de junio de 2026 que “no es cierto que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos (2) meses antes de los comicios”.

La entidad aclaró que el 31 de marzo de 2026 concluyó únicamente la inscripción de ciudadanos para votar, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 y con la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025. PUBLICIDAD En ese sentido, la autoridad electoral sostuvo que el cierre definitivo ocurrió un mes después y que esa base fue expuesta a las campañas y a la ciudadanía. Y remarcó que la información quedó documentada en un acta suscrita por representantes de las campañas, un punto con el que buscó reforzar que el dato no fue reservado ni introducido al final del proceso, como lo afirmó el primer mandatario en su hilo de tres mensajes en X, que desató fuertes reacciones.

En consecuencia, también se defendió la disposición de las mesas y a la composición del potencial electoral. La Registraduría informó que para la elección de presidente y vicepresidente se instalaron 122.020 mesas de votación en Colombia y el exterior: 120.527 el pasado domingo, 1.489 en el exterior entre el lunes 25 y el sábado 30 de mayo, dos por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional, con lo que le salió al paso a las insinuaciones de Petro. PUBLICIDAD Asimismo, la entidad explicó por qué consideró razonable que hubiera más de 5.300 mesas con votaciones superiores a los 300 sufragantes.

Según el comunicado, los potenciales por mesa corresponden a 360 ciudadanos en cabeceras municipales y corregimientos, y a 500, 800 y 1.200 en puestos censo como Corferias, en Bogotá: que es considerado el centro de votación más grande del país, en el que concurren cerca de 562.290 ciudadanos. Registraduría negó cambios en el software el 26 de mayo, contrario a las denuncias de Gustavo Petro Como era de esperarse, uno de los puntos sensibles de la denuncia de Petro está relacionado con una supuesta alteración del software electoral. La Registraduría afirmó en su boletín que “el pasado martes, 26 de mayo, a la 1.21.35 p. m. y a las 7.21.13 p. m. no se realizó modificación alguna a ningún software electoral”; con lo que desmintió los señalamientos provenientes del jefe de Estado, que esbozó informaciones enfocadas en presuntas alternaciones.

PUBLICIDAD En su defensa, la entidad señaló que ese día puso a disposición de los auditores de los partidos políticos una carpeta denominada “Básicos auditores presidente 2026” y el archivo de la División Política Electoral (Divipole), con información de las mesas por cada puesto de votación. Según el organismo, la fecha y hora visibles en esos archivos corresponden al momento en que se habilitó esa información para los auditores y no a una edición del sistema como lo dijo Petro. Así pues, la Registraduría sostuvo que toda la información electoral de la jornada presidencial del pasado domingo fue entregada a las organizaciones políticas para que efectuaran sus propios procesos de verificación, validación y análisis.

Y remarcó en su duro pronunciamiento que “es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada”; como no habría sucedido. PUBLICIDAD Se producen “conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo”. Pocas reclamaciones tras la primera vuelta, informó la Registraduría En otro de los apartes del extenso pronunciamiento, la Registraduría habló de la revisión judicial del conteo.

En el comunicado, indicó que las mesas cuestionadas fueron verificadas, revisadas y consolidadas una a una por jueces de la República en cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en todo el país. Y añadió que en las más de 5.300 mesas mencionadas obtuvieron altas votaciones distintas campañas políticas, no solo la de De la Espriella. PUBLICIDAD Con ello, buscó refutar la idea de una concentración anómala que favoreciera a una sola opción electoral, como también lo afirmó el jefe de Estado.

De hecho, el ente rector también defendió el ritmo del escrutinio y sostuvo que el proceso avanzó de manera ágil por el trabajo de los jueces y por el conteo hecho por los jurados de votación en cada mesa, por lo que afirmó que fueron mínimas las reclamaciones presentadas tanto en las mesas como en el escrutinio. Actas E-14 con supuestos fraudes que circulan en las redes sociales están adulteradas Y de la misma forma en que se refirió al censo y al software, la Registraduría Nacional del Estado Civil se refirió al material que circula fuera de los canales oficiales; en específico a las actas E-14, con la que los críticos del proceso buscan sembrar duras. “Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales”, precisó. PUBLICIDAD Con esto, reafirmó su advertencia sobre desinformación digital en medio del proceso.

La entidad no detalló en el boletín cuántos formularios detectó en esa condición ni en qué plataformas circularon, pero sí dejó sustento de que se trata de piezas que no coinciden con las actas reales; y en ese sentido señaló que en los últimos meses todos los detalles de la organización de las elecciones fueron socializados con representantes de las organizaciones políticas. Es más, en dichas reuniones técnicas participó el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, como también lo hicieron los órganos de control y misiones de observación electoral, y que todas están soportadas en actas y videos. Por ello, invitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación a continuar su labor de vigilancia y control de la segunda vuelta presidencial, con el fin de dar plenas garantías.

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