El expresidente Gustavo Petro tendrá un nuevo pleito legal, esta vez con la Registraduría Nacional del Estado Civil, después de que el Consejo de Estado admitiera una acción de tutela presentada por el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo tras acusarlo públicamente de liderar un supuesto plan para hacer fraude en las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026. Según el documento aceptado por el alto tribunal el 30 de septiembre, Penagos solicitó formalmente que el exmandatario rectifique las acusaciones que, según afirmó, lo vincularon a él y a la entidad electoral con una supuesta manipulación de los comicios. PUBLICIDAD En el auto, el registrador nacional apeló a la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “ADMITIR la acción de tutela interpuesta por Hernán Penagos Giraldo, a nombre propio y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego”, señaló el consejero ponente Nicolás Yepes González.

El caso quedó en manos de la Sección Tercera, Subsección C, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El consejero Nicolás Yepes Corrales resolvió sobre la admisión de la tutela el 30 de septiembre. PUBLICIDAD La acción sostiene que las afirmaciones cuestionadas fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto, mediante 14 publicaciones en la cuenta personal de X de Gustavo Petro.

También incluye un consejo de ministros transmitido públicamente el 14 de julio. De acuerdo con el escrito, los mensajes atribuyeron al registrador y a la Registraduría la comisión de un fraude electoral. Las acusaciones se relacionaron con presuntas modificaciones del censo electoral, del número de puestos y mesas de votación, y de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14. “El Despacho encuentra que se reúnen los requisitos de forma exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y procede a admitir la acción de tutela interpuesta”, continúa el auto.

PUBLICIDAD El accionante también cuestionó señalamientos sobre una supuesta alteración de las direcciones IP de los servidores de la entidad, la existencia de bloques matemáticos que demostrarían una manipulación de los resultados y la negativa a permitir una auditoría del código fuente. “Dado que el accionado ejerció la Presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2026 y que las expresiones cuestionadas se divulgaron con anterioridad a esa fecha, el Despacho estima necesario precisar el fundamento de su competencia”, continúa. Penagos afirmó que esas acusaciones carecían de pruebas y que quien las formuló no era la autoridad competente para hacerlo. Según la tutela, pidió una rectificación, pero no recibió respuesta ni corrección una vez venció el plazo de 15 días hábiles.

PUBLICIDAD Entretanto, desde el Consejo de Estado se ordenó que Gustavo Petro debe ser notificado por el medio más efectivo. Una vez reciba la providencia, contará con tres días para ejercer su derecho de defensa y rendir un informe sobre los hechos expuestos en la tutela. El alto tribunal también solicitó vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

Las entidades deberán pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la tutela dentro de los tres días posteriores al recibo del auto. PUBLICIDAD El Departamento Administrativo de la Presidencia fue convocado porque desde allí se ejercieron las funciones de comunicación oficial durante el periodo en discusión. Además, esa entidad tiene bajo su custodia los registros del Consejo de Ministros del 14 de julio de 2026, una de las intervenciones cuestionadas por Penagos.

El Consejo Nacional Electoral fue vinculado por sus atribuciones constitucionales sobre el escrutinio y la declaratoria de la elección presidencial. La Fiscalía fue incluida debido a que las afirmaciones cuestionadas aluden a conductas que, de comprobarse, podrían tener implicaciones penales. La Defensoría del Pueblo también participará en el trámite.

El auto señala que esa institución había advertido, en un comunicado del 6 de agosto, sobre mensajes intimidatorios que podían promover represalias contra el registrador, la entidad electoral, sus funcionarios y sus instalaciones. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD