El Gobierno tiene lista la reforma política que planea enviar al Congreso en el corto plazo y evalúa sumar una restricción a la participación extranjera en campañas electorales. En la Casa Rosada analizan incluir un freno para que asesores extranjeros no puedan trabajar en procesos electorales nacionales y para impedir la difusión de contenido político pago desde el exterior, dentro de un paquete más amplio que apunta a rediseñar reglas electorales, partidarias y de financiamiento. Según fuentes oficiales, el proyecto completo reúne alrededor de diez títulos y ya está terminado, aunque todavía no fue remitido al Poder Legislativo. En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa sigue bajo revisión política y jurídica, pero aseguran que la intención es enviarla en el corto plazo como una de las reformas estructurales que el oficialismo quiere poner en discusión este año. El punto nuevo que el Ejecutivo mantiene en evaluación es el de la participación extranjera. La legislación actual ya prohíbe aportes de gobiernos o entidades extranjeras a los partidos políticos, por lo que la novedad que analiza la Casa Rosada pasaría por extender ese cerrojo a asesores de campaña y al contenido político pago desde afuera del país. La discusión, según explican en Nación, apunta a cubrir zonas que el oficialismo considera insuficientemente reguladas dentro del esquema vigente. La eliminación de las PASO sigue siendo uno de los ejes centrales del paquete. El Gobierno busca suprimir formalmente las primarias y, con eso, desarmar todo el andamiaje asociado, desde la organización electoral hasta los debates y la publicidad vinculada a esa instancia. En el oficialismo mantienen la idea de que las primarias representan un “gasto innecesario” y de que debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal. El segundo bloque fuerte de la reforma pasa por el financiamiento de la política. La propuesta oficial es mantener el financiamiento de los partidos para su subsistencia institucional, pero eliminar el financiamiento estatal de las campañas. Ese capítulo incluye además cambios sobre la composición jurídica de los partidos, la cantidad de afiliaciones requeridas y su estructura formal, con la intención de endurecer las condiciones para conservar la personería y reducir la proliferación de sellos sin actividad real. El proyecto también incorpora modificaciones sobre la Boleta Única de Papel. La Casa Rosada propone sumar un casillero para votar lista completa, bajo el argumento de que en la implementación inicial del sistema hubo confusiones entre categorías. Ese punto se complementa con otro objetivo de Karina Milei: imponer que las provincias que quieran mantener elecciones simultáneas con la Nación utilicen el mismo sistema electoral si pretenden recibir los servicios nacionales para organizar los comicios. Dentro del paquete aparecen, además, cambios sobre el sistema electoral del Parlasur. El Ejecutivo propone que la elección de los parlamentarios del Mercosur deje de ser directa y pase a definirse de manera indirecta, según la composición de los bloques en la Cámara de Diputados. En Balcarce 50 sostienen que el esquema actual perdió sentido político y que ese tipo de representación puede quedar atada al equilibrio legislativo que surja de la elección nacional. Otro de los puntos que el oficialismo mantiene en carpeta es el de las circunscripciones uninominales para diputados, bajo un sistema que en el Gobierno comparan con el de Estados Unidos. No es el capítulo más inmediato del paquete, pero sigue dentro del proyecto general que trabaja la mesa política. En la Casa Rosada entienden que la reforma política puede convertirse en uno de los ejes de la próxima etapa legislativa y en una herramienta para rediseñar el sistema electoral de cara a 2027.