El oficialismo buscó bajar la tensión interna que se había disparado en las últimas semanas alrededor de la reforma electoral. La discusión en comisión dejó expuestas las diferencias políticas y, sobre todo, las dificultades para avanzar con un paquete que incluye eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de campañas y ficha limpia, entre otros puntos. La señal más clara la dio el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, quien aseguró públicamente que "no hay ninguna intención de tratar todo junto".

La frase llegó después de los cortocircuitos entre Karina Milei y Patricia Bullrich por el tratamiento de ficha limpia. El Gobierno había enviado un único proyecto con la eliminación de las PASO, modificaciones al financiamiento político y ficha limpia. Sin embargo, Bullrich se había comprometido la semana pasada con aliados parlamentarios a avanzar con ficha limpia por separado.

Esa jugada derivó en una intervención directa de Karina Milei, que le marcó la cancha a la jefa del bloque libertario: todo o nada. Finalmente, el oficialismo convocó a discutir la reforma completa. Pese al ruido previo, el encuentro transcurrió sin choques abiertos.

El Ejecutivo envió a la asesora del Ministerio del Interior, María Luz Landivar, para defender el proyecto y responder preguntas de los senadores. En el Senado leyeron la convocatoria como una señal política hacia Bullrich, que venía acumulando diferencias con el núcleo duro libertario. La exministra pidió públicamente la semana pasada que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada y esta semana habló de la "emocionalidad" del Presidente al ser consultada por los gritos de Javier Milei en la reunión de Gabinete del último viernes, en la que participó.

Lo cierto es que, más allá de los gestos de ordenamiento interno, el oficialismo todavía no tiene los votos para avanzar. La propia Bullrich admitió durante la reunión que "es una ley que nos va a llevar un tiempo de debate", mientras que el radical Maximiliano Abad la definió como una "ley ómnibus" electoral por la cantidad y heterogeneidad de temas que reúne. En la discusión aparecieron cuestionamientos tanto de la oposición como de aliados dialoguistas.

Uno de los focos estuvo puesto en ficha limpia. La cordobesa Alejandra Vigo pidió explícitamente que el tema sea separado del resto de la reforma y advirtió que "si hay un tema que el Congreso tiene desarrollado es el de ficha limpia". También planteó la importancia de tratarlo en un año no electoral, recordando la experiencia fallida del año pasado, cuando el proyecto se cayó por una decisión de último momento del Gobierno.

Desde el Gobierno defendieron la inclusión del capítulo y señalaron que la propuesta busca impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia. La exposición oficial estuvo centrada además en justificar la eliminación de las PASO. Landivar sostuvo que, en 16 años, solo diez agrupaciones presidenciales utilizaron realmente las primarias para competir internamente y remarcó que muchas ni siquiera superaron el umbral legal.

También defendió el endurecimiento de los requisitos para crear y sostener partidos políticos, con el objetivo declarado de reducir los "sellos de goma". El peronismo cuestionó especialmente la eliminación de las PASO y los cambios en el financiamiento de campañas. El pampeano Daniel Bensusán advirtió que sin primarias podría crecer la fragmentación de listas en la boleta única y sostuvo que las PASO garantizan participación ciudadana en la selección de candidatos.

También puso reparos sobre el nuevo esquema de financiamiento y alertó sobre la posibilidad de aportes opacos o vinculados al narcotráfico. Otro de los puntos que generó ruido fue la eliminación de los espacios gratuitos obligatorios en medios audiovisuales para campañas. La oposición consideró que la medida puede perjudicar a los partidos más chicos frente a estructuras con mayor capacidad económica.

Bullrich, en tanto, defendió buena parte del proyecto. Reivindicó la necesidad de modernizar el sistema de afiliación, endurecer las condiciones para los partidos nacionales y revisar el esquema de financiamiento. Pero, al mismo tiempo, reconoció la complejidad política del debate y valoró la posibilidad de desagregar el tratamiento por capítulos.

Por ahora, en el Senado nadie se anima a ponerle fecha a un dictamen. La falta de acuerdos, las diferencias dentro del propio oficialismo y el volumen de la reforma hacen prever una discusión larga.