Roberto Fernández, al mando de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde 2008, enfrenta un momento clave en la relación entre el sindicato y la Confederación General del Trabajo (CGT). Con 82 años, Fernández representa a unos 40.000 choferes de colectivos en todo el país, un sector estratégico para la movilidad urbana y la economía nacional. La reciente renovación de autoridades en la CGT, que incluyó la polémica designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, generó una fractura que llevó a Fernández a apartarse de la central obrera, acusando a Jerónimo de respaldar la toma violenta de la sede de la UTA por una facción vinculada a Pablo Moyano.

Tres meses después, la coyuntura política y sindical parece acercar posiciones. La CGT, preocupada por la adhesión al paro general convocado para este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por el ministro de Economía, Sergio Milei, intensificó las gestiones para sumar a la UTA. Entre los llamados recibidos por Fernández se cuentan figuras relevantes como Jorge Sola, Omar Maturano y Luis Barrionuevo, quienes buscan fortalecer la protesta con la participación activa de los colectiveros. Según fuentes cercanas, Fernández habría confirmado su intención de adherir al paro, aunque mantiene reservas.

La cautela del líder de la UTA se explica por la compleja situación salarial y la dependencia de los subsidios estatales en el transporte público. El salario básico actual de un colectivero ronda los $1.407.239, a lo que se suman viáticos diarios de $16.000. Fernández teme que la adhesión al paro pueda derivar en descuentos salariales, una preocupación fundada dado el contexto económico y la negociación paritaria que está en manos del Gobierno. "No quiero que le descuenten el día por el paro", habría expresado, reflejando la tensión entre la defensa de los derechos laborales y la pragmática relación con el Ejecutivo.

El conflicto salarial en la UTA no es un caso aislado, sino que refleja un problema estructural en el sistema de transporte público. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) de enero, el costo real del boleto sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a $1952,6, mientras que la tarifa técnica, que combina subsidios y recaudación por boletos vendidos, es de $1405,68. Esta brecha evidencia la presión financiera sobre el sistema y explica la reducción del 10% en la cantidad de pasajeros en las líneas del AMBA, donde circulan unos 18.000 colectivos habilitados.

El quiebre entre Fernández y la CGT tiene raíces profundas. En noviembre pasado, al retirarse del Congreso de la CGT en Obras Sanitarias, Fernández criticó la estructura del triunvirato y la falta de resultados, señalando que "mi idea y la de otros compañeros no resultó" para lograr una unidad real. Esta tensión se agravó en abril del año pasado, cuando la UTA decidió no sumarse al tercer paro general contra Milei, argumentando una conciliación obligatoria en curso. Para muchos en la CGT, esa decisión fue vista como una traición.

Por otro lado, la sucesión en la UTA parece estancada. Fernández mantiene un estatuto interno que dificulta la oposición y logró neutralizar a Miguel Bustinduy, quien fundó la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA) con unos 5.000 choferes vinculados al grupo empresario DOTA. Bustinduy también recibió llamados de la CGT para sumar fuerzas a la protesta contra la reforma laboral, evidenciando la estrategia de la central para maximizar el impacto del paro.

En palabras de un dirigente sindical consultado por este medio: "La UTA es clave para el éxito de la medida. Sin su adhesión, el paro pierde fuerza, pero la realidad económica y política los pone en una encrucijada difícil". Así, la negociación entre Fernández y la CGT continuará en las próximas horas, en un escenario donde la reforma laboral y las paritarias se entrelazan con la dinámica interna del movimiento obrero.