El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, promovió este jueves una acción colectiva de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, de “Modernización laboral”, que modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La norma se promulgó a inicios de marzo tras la sanción en ambas Cámaras del Congreso, con los votos del oficialismo y aliados. Según Infobae sin embargo el Gobierno todavía no terminó de elaborar el decreto reglamentario de la ley, por lo que hay artículos clave que aún no pueden aplicarse, como la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el procedimiento que facilitará la creación de sindicatos de empresa.

El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura advirtió que dichas normas afectan a la profesión. “La norma que dispone el pago en cuotas de la indemnización crea una desigualdad irritante del crédito laboral, que posee carácter alimentario”, aseguró. El segundo artículo que objetó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal “establece la responsabilidad del profesional por pedir en exceso una indemnización”. La presentación se funda en la afectación directa que dichas disposiciones producen sobre el ejercicio de la abogacía laboral, al introducir un régimen que compromete el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley de los abogados y abogadas.

En tanto, la coordinadora Legal y Técnica de la institución, Alejandra García, consideró que “no se trata de la defensa de un interés sectorial, sino de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria”. Gil Lavedra y García alertaron que “estas disposiciones afectan no solo a los profesionales, sino también al acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras”. Desde el Colegio Público de Abogados solicitaron además el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas.

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