El Gobierno ya trabaja en una estrategia para afrontar lo que considera una judicialización inevitable de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. En la Casa Rosada descuentan que los planteos llegarán apenas la ley sea sancionada por la Cámara de Diputados.

En el oficialismo anticipan que las primeras impugnaciones podrían provenir de la propia Justicia laboral nacional, uno de los sectores alcanzados por el proyecto, y de los gremios, que ya manifestaron su rechazo a varios artículos de la iniciativa.

Según las fuentes consultadas por el diario La Nación, dentro del Gobierno estiman que los recursos no solo se multiplicarán en los tribunales inferiores, sino que escalarán hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, escenario para el que buscan llegar con una defensa jurídica sólida y coordinada.

El diseño de la estrategia quedó en manos de un núcleo reducido de funcionarios: la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla; y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Los tres mantienen una relación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En el caso de los posibles planteos del Poder Judicial, en el Gobierno sostienen que el foco estará puesto en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida incluida en la reforma. El proyecto contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que actualmente funcionan sin magistrados designados, lo que implicaría una reducción de cargos y una reorganización profunda del fuero.

Desde el oficialismo defienden el cambio como un avance sobre la estructura de la justicia laboral y como una forma de saldar una deuda de más de 30 años con la autonomía porteña. Sin embargo, la incorporación del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se habría negociado de manera reservada entre las administraciones nacional y porteña, y tomó por sorpresa tanto a jueces como al gremio de empleados judiciales.

Este traspaso es uno de los puntos más polémicos, ya que implica una transferencia de competencias que podría afectar la independencia y el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo. El gremio de empleados judiciales advirtió que la medida podría derivar en una pérdida de derechos laborales y en una precarización del servicio judicial. "Estamos ante una reforma que no solo modifica leyes, sino que cambia estructuras históricas sin el consenso necesario", señaló un vocero gremial.

Además, la reforma incluye modificaciones en las reglas para la negociación colectiva y la representación sindical, que han generado rechazo en sectores sindicales y opositores. Algunos analistas advierten que estas reformas podrían limitar la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores y abrir la puerta a mayor flexibilización laboral. Según el abogado laboralista Martín Ríos, "la judicialización de la reforma no solo será técnica, sino también política, porque toca intereses muy sensibles".

En el plano político, la reforma laboral se inscribe en un contexto de búsqueda de mayor inversión y competitividad, según argumenta el oficialismo. El ministro de Trabajo afirmó que "la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral y generar empleo formal, pero sabemos que enfrentaremos resistencias y desafíos legales".

Por su parte, la oposición y varios sectores sindicales ya anticiparon que presentarán amparos y recursos de inconstitucionalidad, en particular contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo y las modificaciones en la negociación colectiva. Esto anticipa meses de litigios y debates en tribunales que podrían demorar la plena implementación de la ley.

En este contexto, el Gobierno busca fortalecer su equipo jurídico y coordinar acciones con expertos en derecho laboral y constitucional para sostener la constitucionalidad y legalidad del proyecto. "Estamos preparando una defensa técnica que respalde el sentido social y económico de la reforma", explicó una fuente oficial.

La reforma laboral, que busca actualizar un marco normativo vigente desde hace décadas, se enfrenta así a un escenario complejo donde la pulseada judicial podría definir su alcance y aplicación práctica. Como señaló un analista político: "Este es un capítulo clave para el Gobierno, porque la reforma laboral no solo es una cuestión legal, sino un símbolo de su capacidad para impulsar cambios estructurales".