La Ley 11.087, conocida como la “Ley de Equidad Jubilatoria”, ha generado un intenso debate jurídico y social en la provincia, debido a las modificaciones que propone en los haberes previsionales. Esta normativa, sancionada a fines de 2024, busca equilibrar las finanzas del sistema jubilatorio provincial, pero ha sido cuestionada por sectores sindicales y jubilados que advierten sobre posibles recortes en sus ingresos. En este contexto, un grupo de 12 ex trabajadores de Epec, afiliados tanto al Sindicato de Luz y Fuerza como al Sindicato Regional de Luz y Fuerza, presentó un amparo judicial para frenar la aplicación de la ley en sus casos particulares.

El conflicto central gira en torno al artículo 2 de la Resolución N° 496 Letra D, emitida el 29 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Economía provincial, que reglamenta la Ley 11.087. Según los amparistas, esta resolución implica una reducción arbitraria y confiscatoria de entre el 6% y el 8% en sus haberes jubilatorios, afectando derechos adquiridos y generando un impacto negativo en su calidad de vida. La Cámara Contencioso Administrativa de 3a Nominación, integrada por las vocales María Eugenia Acuña, María Martha del Pilar Angeloz y Cecilia María Guernica, emitió un fallo favorable a los jubilados, ordenando que no se apliquen recortes hasta que se resuelva la constitucionalidad de la norma.

Sin embargo, la Caja de Jubilaciones apeló esta decisión, y la Cámara concedió el recurso con efecto "devolutivo" y no "suspensivo". Esto significa que, aunque la apelación sigue su curso, la medida cautelar que protege a los jubilados permanece vigente, evitando que se les descuenten los haberes en forma inmediata. "Es fundamental que hasta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto, no se vulneren los derechos previsionales de los trabajadores que ya se jubilaron", explicó a Perfil CÓRDOBA el abogado Guillermo Carena, representante de los amparistas.

Este escenario pone ahora la pelota en el campo de la Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia, que deberá resolver la apelación presentada por la Caja. La expectativa es alta, dado que un fallo favorable a los jubilados podría sentar un precedente para otros casos similares y frenar la aplicación de la reforma en términos más amplios. Por otro lado, un pronunciamiento contrario podría abrir la puerta a la reducción de haberes en todo el sistema previsional provincial.

Cabe recordar que la discusión sobre la reforma jubilatoria no es nueva en la provincia ni en el país. En los últimos años, varios gobiernos provinciales han intentado ajustar sus sistemas previsionales para garantizar la sustentabilidad financiera, pero estos intentos suelen chocar con reclamos de los sindicatos y organizaciones de jubilados. En Córdoba, la Caja de Jubilaciones enfrenta un déficit creciente que, según informes oficiales, alcanzó un 15% en 2024, lo que presiona para implementar medidas de ajuste.

En este marco, la postura de los sindicatos de Luz y Fuerza es clara: "No vamos a permitir que se recorten los haberes de quienes dedicaron su vida al servicio público y a la generación de energía en la provincia", afirmó un vocero del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. La tensión entre la necesidad de equilibrio fiscal y la defensa de los derechos previsionales sigue siendo el eje del debate, que seguramente continuará en los tribunales y en la arena política durante los próximos meses.