La provincia de Córdoba se encuentra sumida en un estado de profunda conmoción, dolor y rabia. Lo que comenzó el pasado sábado como una desesperada búsqueda contrarreloj finalizó de la peor manera con la aparición del cuerpo sin vida de Agostina, la niña que era intensamente buscada por sus familiares, vecinos y organizaciones sociales. Apenas se conocieron las novedades del hallazgo y concluyó la fría conferencia de prensa brindada por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, referentes de la izquierda local, agrupaciones feministas y allegados directos de la familia de la víctima se concentraron para manifestar su repudio.

En un clima de extrema sensibilidad, el foco de los reclamos se centró de forma directa en las máximas autoridades políticas y judiciales, exigiendo de inmediato la renuncia del Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. El punto de inflexión de la jornada ocurrió durante la comparecencia ante los medios del fiscal Raúl Garzón. Si bien los detalles técnicos del operativo confirmaron la peor de las hipótesis, fue la terminología y el enfoque judicial lo que desató la furia de las organizaciones presentes.

Garzón evitó encuadrar de manera taxativa el hecho bajo "Femicidio". Entre el grupo que se congregó para exigir justicia estuvieron Luciana Echevarría (legisladora provincial del MST-Frente de Izquierda) y Liliana Olivero (histórica referente de Izquierda Socialista), entre otras dirigentes. El principal apuntado de la jornada fue el titular de la cartera de Seguridad cordobesa, Juan Pablo Quinteros. "Estamos pidiendo y exigiendo la renuncia inmediata de Quinteros.

Además apuntaron contra el poder político y contra el gobernador Martín Llaryora. Pero las críticas no fueron sólo hacia la provincia: la figura presidencial de Javier Milei también fue apuntada ya que las organizaciones de izquierda vincularon de manera directa el incremento de los índices de violencia extrema con el discurso oficial emanado desde la Casa Rosada. "Hacemos completamente responsable al Gobierno de Milei por su abierto negacionismo de la violencia de género", completaron las dirigentes.