Ocho peruanos han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser reclutados con falsas promesas de empleo, y al menos 11 compatriotas más partieron hacia ese país el sábado pasado, según denunció Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, en una entrevista con RPP. Las víctimas fueron captadas por una red de tráfico de personas integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos que operan como reclutadores locales. La red apunta específicamente a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a quienes ofrece contratos de seguridad, cocina o instrucción con sueldos de hasta USD 4.000 mensuales y un bono inicial de USD 20.000.

Una vez en Rusia, los engañados son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. PUBLICIDAD Contratos en ruso y pasaportes confiscados Salinas describió con detalle el mecanismo de captación. Los reclutadores contactan a sus objetivos a través de Instagram y otras plataformas digitales, y los citan en lugares públicos —centros comerciales, restaurantes, parques— donde les hacen firmar documentos redactados íntegramente en ruso. “Nadie sabe hablar ruso aquí en el Perú”, señaló el abogado.

A los tres días de la firma, los reclutados reciben su pasaje y son llevados al aeropuerto. Al llegar a Rusia, la situación cambia de forma abrupta. “Les quitan el pasaporte, el celular y el DNI, y les dicen: ‘Ahora ustedes me deben veinte mil dólares, porque eso me costó traerlos’”, relató Salinas. Mediante traductores, las familias lograron determinar que uno de los documentos firmados en destino implica la adquisición de la nacionalidad rusa, lo que somete a los peruanos a la legislación y las obligaciones militares de ese país, aunque ninguno haya renunciado formalmente a su ciudadanía peruana.

PUBLICIDAD El abogado precisó que la empresa responsable ha cambiado de nombre en al menos seis ocasiones desde que comenzaron las denuncias, lo que dificulta su identificación y persecución legal. Las familias afectadas presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional del Perú, y entregaron videos, capturas de chats y otros materiales que identifican a los tres reclutadores peruanos. Amenazas a las familias tras las denuncias La respuesta de la red no tardó en llegar. “Una vez que hicimos la denuncia, empezaron a llegar amenazas a los familiares”, advirtió Salinas.

Madres de los peruanos atrapados en el conflicto recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos al día siguiente de interponer las denuncias. El abogado solicitó públicamente al director general de la Policía Nacional que garantice la seguridad de las 120 familias que respaldan el caso y que instruya al equipo especial de la DININCRE para acelerar las investigaciones. PUBLICIDAD “¿Cómo es que cuando tú haces la denuncia, al día siguiente aparecen las amenazas en los celulares de las madres de familia?”, cuestionó Salinas, quien no descartó que exista una filtración de información dentro del sistema.

Ocho muertos confirmados y la Cancillería sin respuesta Hasta la semana pasada, Salinas confirmó ocho peruanos fallecidos, cuyos cuerpos se encuentran en morgues de la zona de conflicto. El abogado aclaró que el proceso de verificación es lento porque en algunos casos los reportes de muerte son contradichos días después por comunicaciones directas de los familiares. “Nos toma varios días validar la información antes de hacer afirmaciones”, indicó, y anticipó que el miércoles esperaba recibir un reporte actualizado. PUBLICIDAD Para gestionar la repatriación de los fallecidos y la situación de los heridos, el equipo legal contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja, que mantiene presencia tanto en Rusia como en Ucrania.

Sin embargo, Salinas fue categórico respecto a la postura del Estado peruano: “La Cancillería hasta el día de hoy no nos está brindando el apoyo. Hay que ser claro en esto”. El abogado reconoció que el canciller lleva pocos días en el cargo, pero subrayó la urgencia del caso. “No podemos permitir que un peruano muera más.

No sabemos en la línea de batalla cuántos han desaparecido”, afirmó. El miércoles siguiente a la entrevista, las 120 familias representadas por Salinas presentaron un escrito formal solicitando una audiencia directa con el canciller, con el objetivo de exigir una mediación oficial para la repatriación de los compatriotas. PUBLICIDAD La red sigue operando pese a las denuncias El dato más alarmante de la entrevista fue el último: el sábado previo a la emisión del programa, 11 peruanos más partieron hacia Rusia bajo las mismas condiciones de engaño. “Las autoridades siguen dejando que esto ocurra a pesar de que hemos hecho las denuncias”, denunció Salinas.

El abogado subrayó que la única institución con capacidad legal para mediar ante las autoridades rusas y negociar una repatriación es la Cancillería peruana, y reiteró que la inacción del Estado frente a una red de tráfico de personas activa y con víctimas mortales documentadas resulta inaceptable. Mientras tanto, los reclutadores siguen operando con impunidad y los familiares de los peruanos atrapados en el frente de batalla aguardan una respuesta que, hasta el momento, no llega. PUBLICIDAD