Un profundo malestar fue manifestado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, tras conocerse la celeridad con la que fue puesto en libertad el principal sospechoso del crimen del suboficial principal Luis Alejandro Azábal. El efectivo de la fuerza provincial fue asesinado mientras cumplía con su deber, un hecho que ha provocado una fuerte reflexión oficial sobre la paridad en la aplicación de las leyes. La decisión judicial, mediante la cual el imputado por un delito de extrema gravedad recuperó su libertad en un lapso de apenas tres horas, fue calificada por el ministro como una «señal inquietante».

Según lo expresado por Quinteros, este tipo de medidas impactan directamente en la moral de los hombres y mujeres que integran las fuerzas de seguridad. Desigualdad ante la ley La preocupación por la percepción de una «doble vara» en los tribunales fue el eje central del descargo del funcionario. El ministro sostuvo que, mientras los efectivos policiales son sometidos a un estricto control de sus actos, no siempre se observa la misma rigurosidad para con los agresores. “Cuando un policía es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción que la ley no se aplica con la misma vara”, sentenció Quinteros mediante un posteo en la red social X.

En el mismo sentido, fue subrayada la necesidad de que la justicia sea previsible y equitativa para evitar el deterioro del orden social. “Cuando la ley no es igual para todos, lo que empieza a aparecer es el caos”, advirtió el titular de la cartera de Seguridad, quien además recordó la premisa de que “el que las hace, las paga” como un concepto que debería ser comprendido y aplicado sin distinciones. El impacto en la fuerza policial La muerte de Azábal ha sido tomada como un caso testigo de los riesgos que asume el personal policial diariamente. Por ello, la rapidez con la que se dispuso la liberación del acusado fue analizada por el Gobierno provincial como un mensaje contradictorio para quienes deben conducir la seguridad pública. “Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza”, expresó el ministro, reafirmando que, si bien es correcto que cada policía responda ante la Justicia por su accionar, esa misma regla debe regir con firmeza para quienes atentan contra la vida de los uniformados.