La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF. La decisión, celebrada tanto por el oficialismo como por la oposición, reactivó discusiones sobre si existió algún guiño político desde Washington o si, se trató de un tribunal que entendió que el derecho argentino prevalecía sobre el reclamo del fondo Burford Capital. Hay dos datos que llaman la atención sobre los jueces del Segundo Circuito –el mismo tribunal que ya había rechazado la cautelar de Loretta Preska para entregar las acciones de YPF al fondo litigante–. Los tres fueron nominados por presidentes demócratas y ninguno nació en el territorio continental de Estados Unidos. Denny Chin es quien escribió la opinión mayoritaria. Nació en Hong Kong en 1954 –aún bajo dominio británico–, emigró cuando era un niño y se formó en Princeton y en la Facultad de Derecho de Fordham. Bill Clinton lo designó juez federal en Manhattan en 1994 y Barack Obama lo ascendió al Segundo Circuito en 2009. Fue el primer asiático-estadounidense en ese rango fuera de la Costa Oeste. Su nombre quedó asociado al caso Madoff –el mayor fraude financiero tipo Ponzi de la historia–, aunque su trayectoria real está en los litigios de complejidad técnica. En el caso YPF consideró que los estatutos de la compañía no generaban obligaciones contractuales exigibles contra el Estado argentino según la ley local. Su razonamiento se apoyó en el derecho argentino, no en las expectativas del mercado financiero de Nueva York. Beth Robinson integra la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito desde el año 2021 a partir de la nominación del presidente Joe Biden. Nacida en Pakistán y criada en Indiana, Robinson lideró las demandas que abrieron el camino al matrimonio igualitario en Vermont y luego integró la Corte Suprema estatal. Tras la aprobación del Congreso se convirtió en la primera jueza abiertamente lesbiana en una Corte Federal de Apelaciones. Ante la demanda de Buford Capital su voto acompañó la línea de Chin: Preska no interpretó adecuadamente la ley argentina y el tribunal debía corregir el error. El tercer juez es José A. Cabranes, el de mayor trayectoria. Nacido en Puerto Rico y formado en Yale, fue nombrado por Jimmy Carter en 1979 y ascendido por Clinton en 1994. Es el más conservador del grupo dentro del campo demócrata y el único que avaló el razonamiento original de Preska. Su disidencia no es menor: si Burford Capital decide avanzar, sus argumentos podrían ser el punto de apoyo para una revisión futura. Es difícil saber cuánto pudo haber influido el alineamiento automático del gobierno de Javier Milei con la política exterior estadounidense en el resultado del fallo. Atribuirle la victoria a esa cercanía tiene el mismo rigor que sostener que la mirada de los jueces –al menos de dos de ellos–, nacidos en territorios atravesados por lógicas coloniales respondió a una sensibilidad particular frente a la cuestión de la soberanía. Quizás la explicación sea más simple: en Estados Unidos, los mecanismos de checks and balances y el apego a la ley siguen siendo un valor que perdura.