El juez Martín Cormick quedó en el centro de la escena judicial por dos decisiones de alto impacto: la imposición de multas al Gobierno por el incumplimiento de una medida vinculada al financiamiento universitario y la suspensión cautelar de dos artículos de la reforma laboral. Especialista en Derecho Administrativo, llegó a la magistratura en 2020, luego de desempeñarse en distintos cargos públicos durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Una de las intervenciones más recientes de Cormick fue en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones contra el Poder Ejecutivo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 6 de octubre, el magistrado declaró inconstitucional el mecanismo que utilizó el Gobierno para suspender la ejecución de la norma, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. En su resolución, consideró que la promulgación condicionada había operado como una modalidad de veto que no está contemplada en la Constitución. El expediente ya contaba con una medida cautelar favorable a las universidades, dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara.

En junio, la Corte Suprema había desestimado el recurso extraordinario presentado por el Estado contra esa protección provisoria. Esta semana, Cormick dispuso una multa inicial de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar que ordena actualizar los salarios y las becas universitarias. El Gobierno anunció que apelaría la decisión y cuestionó los antecedentes políticos del juez.

La presentación suspendió los efectos de la sentencia sobre el fondo de la controversia, aunque la medida cautelar en favor de las universidades continuó vigente. La suspensión de dos artículos de la reforma laboral Cormick también intervino en una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal contra disposiciones de la Ley 27.802, que introdujo modificaciones vinculadas con la responsabilidad de los profesionales por los montos reclamados y el régimen de cobro de honorarios. A partir de ese planteo, el juez suspendió cautelarmente los artículos 10 y 56 de la reforma laboral.

La medida rige por un plazo de tres meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, lo que ocurra primero. La resolución no implica una declaración de inconstitucionalidad de esos artículos, sino una suspensión provisoria de sus efectos mientras avanza el proceso judicial. Su intervención en la causa contra el protocolo antipiquetes Otro expediente que tuvo repercusión pública fue el iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad Nacional.

En marzo de 2025, Cormick había rechazado un pedido para suspender cautelarmente la normativa y dispuso que integrantes de su juzgado participaran como observadores de una movilización de jubilados frente al Congreso. En diciembre de ese año, al resolver la cuestión de fondo, declaró nula la resolución que había establecido el protocolo. Para fundamentar su decisión, sostuvo que el Poder Ejecutivo había avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.

Sin embargo, la Cámara dejó sin efecto ese fallo en marzo de 2026. Antes de asumir como juez, Cormick desarrolló su carrera en distintos organismos estatales. En 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, fue designado al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo responsable de registrar y fiscalizar sociedades y entidades civiles.

Su nombramiento se formalizó mediante el decreto 1756, publicado en el Boletín Oficial en octubre de ese año. Más adelante, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, se desempeñó en la Sindicatura General del PAMI, durante la gestión de Luana Volnovich. Formación académica y trayectoria judicial Cormick está al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Su designación fue dispuesta por Alberto Fernández mediante el decreto 866, firmado el 5 de noviembre de 2020, luego de obtener el acuerdo del Senado. Es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además de su actividad judicial, desarrolla una carrera académica como docente de grado y posgrado en universidades como las de Avellaneda y José C.

Paz. También es coautor de publicaciones especializadas en contratos administrativos y servicios públicos. Según una reseña institucional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, antes de llegar a la Justicia federal se había desempeñado como defensor de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño.

LMM