El pasado lunes, la Justicia de La Matanza determinó la liberación de Adrián Marcelo "Chelo" Torres Ruíz Díaz, el reconocido cantante y líder del Grupo Green. El músico permanecía detenido desde hacía dos meses en el marco de una delicada causa penal que lo investiga por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Una liberación que enciende la polémica en la música nacional La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 5 de La Matanza, que concedió la excarcelación al imputado de 53 años.

De esta manera, Torres esperará el avance del proceso en libertad, bajo la órbita de la fiscal Lorena Pecorelli, quien lleva adelante la recolección de pruebas. El arresto original se había producido el pasado 11 de marzo en la localidad de La Tablada, pocas horas después de que se radicara la denuncia formal en su contra. La denunciante es Angélica Lilian Escalante, una influencer de 43 años conocida en las plataformas digitales como "Dulce Lilian", quien decidió hacer pública su situación.

El caso cobró una enorme gravedad institucional debido a los argumentos presentados por la querella, liderada por el abogado Ignacio Barrios, quien se opuso firmemente a que el sospechoso recuperara la libertad. El principal argumento del estudio jurídico de la víctima radica en el historial delictivo del cantante. Torres cuenta con una condena firme del año 2009 por abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad, delito por el cual cumplió una pena de prisión efectiva hasta el 2012 en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. "Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado", remarcó el letrado Barrios al fundamentar su pedido de prisión preventiva, el cual fue desestimado por el juez de garantías.

Según consta en el expediente, Torres participó de una presentación en vivo con el Grupo Green a principios de mayo en el barrio porteño de La Boca, una acción que los representantes de la víctima interpretaron como un desafío procesal y una muestra de peligro de fuga. La causa entra ahora en una etapa decisiva donde la fiscalía deberá evaluar los pasos a seguir tras este cambio de estatus del principal acusado.