El 29 de noviembre serán las elecciones generales en España. Y cada vez que hay comicios, la gente se pregunta qué pasa si a uno le toca una mesa electoral y ya tiene un viaje contratado. La respuesta corta es que no hay una norma que libere de forma automática a quien demuestre que compró los billetes antes de que se anunciasen.

La Junta Electoral de Zona de cada municipio notificará a los seleccionados entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. La ley electoral establece que el sorteo público debe realizarse entre el vigésimo quinto y el vigésimo noveno día posteriores a la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que la comunicación a los elegidos debe producirse dentro de los tres días siguientes. De acuerdo con ese calendario, los ciudadanos sorteados recibirán el aviso entre el 3 y el 7 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD El sorteo para formar parte de una mesa es un mandato legal. Así lo fija el artículo 27 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios”. No hay margen de elección: si a alguien le toca, tiene que ir, salvo que consiga una excusa aceptada por la Junta Electoral de Zona.

El mismo artículo marca el procedimiento. Quien quiera librarse dispone de siete días desde la notificación para presentar su caso: “Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo”. La Junta responde en otros cinco días y su decisión es definitiva: “Resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días”.

PUBLICIDAD Las causas que sí valora la Junta Electoral Central La Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central es el documento que desarrolla qué entiende el organismo por “causa justificada”. Ahí aparecen supuestos como discapacidad, enfermedad que impida ejercer las funciones, intervenciones médicas, embarazo o el cuidado de menores y dependientes en determinadas circunstancias. También se contemplan obligaciones profesionales que no admitan sustitución.

Un viaje no figura en esa lista. La instrucción deja claro que la relación de causas es orientativa, no cerrada, así que las juntas pueden valorar situaciones parecidas. Pero eso no significa que cualquier reserva hecha con antelación garantice la excusa.

Cada petición se estudia por separado y exige pruebas documentales. PUBLICIDAD Por qué se habla de viajes contratados antes de la convocatoria La confusión viene de un precedente muy concreto. El 8 de junio de 2023, antes de las elecciones generales del 23 de julio de ese año, la Junta Electoral Central aprobó un acuerdo para resolver un problema puntual: esos comicios caían en pleno verano y muchos ciudadanos tenían vacaciones ya pagadas.

El acuerdo fue claro en un punto: no se iba a tocar la instrucción general para meter los viajes como causa de excusa de forma permanente. Lo que sí hizo fue abrir una vía limitada solo para esas elecciones. El texto habla de que, “exclusivamente en el presente proceso electoral”, las juntas debían estudiar los casos en los que la jornada coincidiera con un viaje contratado antes de la convocatoria, cuando cancelarlo supusiera “un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante”.

PUBLICIDAD Esa decisión exigía además acreditar con documentos tanto la fecha de la reserva como el perjuicio concreto que generaría anularla. Era, en resumen, un parche pensado para el calendario de 2023, no una regla que se mantenga vigente para cualquier convocatoria posterior. Qué puede presentar quien quiera intentarlo ahora Nada impide que alguien alegue un viaje como motivo de excusa de cara al 29 de noviembre.

Lo que cambia es que ya no hay un criterio expreso de la Junta Electoral Central que obligue a valorarlo como en 2023. La decisión queda en manos de cada Junta Electoral de Zona, que analizará el caso con los documentos que se aporten: billetes, reservas de alojamiento, condiciones de cancelación y cualquier prueba del perjuicio económico que supondría perder el dinero adelantado. PUBLICIDAD A pesar de que no existe una garantía automática de excusa, si uno tiene un viaje que coincide con el 29N, lo suyo es que reúna toda la documentación posible —con las fechas bien visibles— y la presente dentro del plazo de siete días.

Sin ese respaldo, la petición tiene pocas opciones de prosperar y, mientras no llegue una resolución favorable, la obligación de acudir a la mesa electoral sigue en pie. PUBLICIDAD PUBLICIDAD