Las movilizaciones en la capital boliviana para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz derivaron este lunes en graves disturbios, ataques a edificios públicos y saqueos a negocios privados. La jornada estuvo marcada por la llegada de una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes se unieron a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones de El Alto. Los manifestantes cercaron las inmediaciones de la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento, utilizando piedras, petardos y dinamita para intentar superar los cordones policiales.

Durante la protesta manifestantes irrumpieron en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde destruyeron y robaron mobiliario. Algunas estaciones de teleféricos que unen a La Paz y El Alto sufrieron destrozos por pedradas. En una de ellas, una policía fue brutalmente golpeada.

Ante el ataque, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente sus servicios en esa línea y en otras tres estaciones. Además, los medios registraron la quema de un vehículo policial cerca de la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y saqueos en pequeños comerciantes callejeron quienes denunciaron que los manifestantes destruyeron sus negocios. Además arrancaron puertas de edificios privados para usar como escudo y encender fuego.

Un país incomunicado La situación en La Paz se agrava por el aislamiento del departamento, que cumple 13 días incomunicado del resto del país debido a bloqueos de rutas liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari. También se reportan cortes en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que, en la última semana, se han registrado 15 agresiones contra periodistas durante la cobertura de estos conflictos.

El Gobierno de Paz, que lleva seis meses de gestión, apuntó a Morales como promotor de las movilizaciones, en un "intento" por volver al poder. Su partido puso fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). La crisis tiene un trasfondo económico y social profundo.

Las protestas comenzaron inicialmente con la exigencia de un aumento salarial del 20%, pero derivaron rápidamente en el pedido de renuncia del mandatario. Ante la escalada de violencia, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto instando al Gobierno y a los sectores movilizados (COB, campesinos 'Túpac Katari' y 'Bartolina Sisa') a establecer un "diálogo por el bien común". "Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones, vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia, invocamos la fecundidad del diálogo", señala el comunicado. A este pedido se sumó la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que se declaró en "estado de emergencia en defensa de la democracia" y ofreció su disposición para actuar como mediadora en la búsqueda de soluciones concertadas.