La renuncia inesperada del general (R) Sergio Maldonado a la conducción de la recientemente creada obra social de las Fuerzas Armadas no fue un hecho aislado. Detrás de su salida, oficializada como “por motivos personales”, se acumulaban tensiones internas, decisiones financieras controvertidas y un episodio trágico que terminó de precipitar el desenlace. Según pudo reconstruir Clarín, Maldonado mantuvo en los últimos días una fuerte discusión con el ministro de Defensa, el también general Carlos Presti.

Aunque el ministro detenta mayor poder político, dentro del mundo castrense, su trayectoria como militar más breve, introducía un componente simbólico que complejizaba la relación con el ex titular de la obra social. El trasfondo de la disputa es la crítica situación de la obra social militar, heredera de la crisis estructural de IOSFA. Maldonado había asumido hacía poco más de un mes con la misión de revertir ese deterioro, pero rápidamente chocó con los límites impuestos por el Gobierno para resolver el problema de fondo.

En ese contexto, un hecho dramático actuó como catalizador. El suicidio del suboficial mayor retirado Carlos Velázquez, en San Juan, impactó de lleno en la conducción del organismo. El hombre, de 77 años, había intentado quitarse la vida el 4 de marzo y falleció el 1 de mayo.

En una carta manuscrita denunció que la obra social le había cortado la cobertura en medio de un cuadro grave que derivó en cáncer, luego de —según escribió— agotar todas las vías de reclamo. Para fuentes que están cerca del Ministerio de Defensa, ese episodio fue “la gota que derramó el vaso”. En el entorno de Maldonado aseguran que el general quedó profundamente afectado y explicitó que no estaba dispuesto a seguir en el cargo bajo condiciones que podían derivar en situaciones similares.

Pero también de fondo están las diferencias en Defensa sobre la estrategia financiera para encarar el deterioro de la atención social de los afiliados a IOSFA. La deuda que dejó la gestión del ahora ex ministro Luis Petri -diputado libertario por Mendoza en la actualidad- está entre los $ 250.000 millones y los $ 300.000 millones. En febrero pasado, ante la grave situación para atender las necesidad más urgentes en salud, de los entonces 600.000 afiliados, el gobierno de Javier Milei dividió lo que estaba funcionando como IOSFA, que atendía tanto militares como efectivos de seguridad.

Quedaron: la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) para Gendarmería y Prefectura, y la de las FA, IOSFA para los militares. Ante la falta de recursos genuinos, según comentaron fuentes cercanas a la situación, la nueva IOSFA implementó un mecanismo de emergencia que consistió en utilizar partidas originalmente destinadas al pago de sueldos del personal militar, con la promesa de que el Tesoro las reintegraría. La elección no fue casual: esos fondos tienen una disponibilidad más rápida que los destinados a infraestructura o equipamiento.

El esquema permitió cubrir parcialmente urgencias en el corto plazo —el mes pasado el Tesoro repuso una parte—, pero no atacó el problema estructural. “Están tapando agujeros, pero generan otros”, sintetizó una fuente castrense, que describió un escenario aún lejos de la normalización que el Gobierno intenta mostrar. Maldonado, en línea con lo que el propio Presti había insinuado públicamente, proponía una salida más drástica: que el Estado absorbiera la deuda acumulada de la gestión anterior para “arrancar de cero”. La iniciativa fue descartada.

Sin ese respaldo, el funcionamiento de la obra social quedó atado a recortes operativos, diferimiento de pagos y reasignaciones internas de recursos que, según coinciden distintas fuentes, carecen de sustentabilidad. También hubo un pedido al General Maldonado, de sacar un plazo fijo con fondos de aportes FFAA, para que generara intereses. La situación es caótica.

La obra social no está prestando sus prestaciones. Ese tipo de maniobra los gobiernos la hacen, cuando la situación es estable financieramente. Esa iniciativa prosperó.

A la par, la situación financiera sigue deteriorándose. La nueva estructura no sólo no logró reducir el pasivo heredado, sino que enfrenta un déficit operativo mensual cercano a los $18.000 millones. Además, el mecanismo de aportes desde el presupuesto de las Fuerzas Armadas —que debía cubrir hasta el 33% de las necesidades— no se está cumpliendo en su totalidad.

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