Qué delitos investigará la flamante Unidad Fiscal que creó el Ministerio Publico de Mendoza
El nuevo esquema busca intervenir con mayor rapidez en detenciones en flagrancia, optimizar audiencias y mejorar la respuesta del sistema penal.
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El nuevo esquema busca intervenir con mayor rapidez en detenciones en flagrancia, optimizar audiencias y mejorar la respuesta del sistema penal.
- El Ministerio Público Fiscal de Mendoza dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia en la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de la implementación del régimen establecido por la Ley N° 9.703
- La decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 266/2026, firmada este lunes 27 de abril por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé
- Qué casos quedan fuera de la Unidad de Flagrancia De acuerdo con la Resolución N° 266/2026, los hechos cometidos en contexto de violencia de género no serán competencia de la nueva unidad...
- En cuanto a los delitos correccionales, la Unidad Fiscal de Flagrancia solo intervendrá en casos de encubrimiento y tenencia de arma de fuego
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia en la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de la implementación del régimen establecido por la Ley N° 9.703. La iniciativa apunta a garantizar una intervención más rápida y eficiente ante delitos detectados en flagrancia, mejorando la respuesta del sistema penal en situaciones que requieren inmediatez. La decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 266/2026, firmada este lunes 27 de abril por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé.
El nuevo esquema se inscribe dentro de una estrategia de reorganización del sistema penal con foco en la inmediatez y la gestión por resultados. La Unidad Fiscal de Flagrancia estará integrada por cinco Fiscalías de Instrucción y será conducida por el Fiscal Jefe Fernando Giunta. Su competencia abarcará todos los supuestos de aprehensión en flagrancia Alcances y funcionamiento del nuevo sistema Además de la creación de esta unidad, la resolución dispone la puesta en marcha de la Fiscalía de Instrucción N°43, que se integrará al nuevo esquema.
El objetivo es optimizar la gestión de audiencias y consolidar un modelo de intervención más ágil en situaciones donde el delito es detectado en el momento de su comisión. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la creación de estructuras similares en otras jurisdicciones. En la Segunda Circunscripción Judicial se estableció la Secretaría de Flagrancia con sede en San Rafael, mientras que en la Tercera Circunscripción se implementó una secretaría en la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia, con alcance también en Junín.
Estas medidas buscan fortalecer la coordinación entre fiscales, juzgados y oficinas judiciales, mejorando los tiempos procesales y garantizando una respuesta más eficiente ante hechos delictivos que requieren actuación inmediata. Qué casos quedan fuera de la Unidad de Flagrancia De acuerdo con la Resolución N° 266/2026, los hechos cometidos en contexto de violencia de género no serán competencia de la nueva unidad, sino que continuarán bajo la órbita de las fiscalías especializadas en esa materia. En cuanto a los delitos correccionales, la Unidad Fiscal de Flagrancia solo intervendrá en casos de encubrimiento y tenencia de arma de fuego.
El resto de las causas seguirá tramitándose según las reglas generales de competencia establecidas en el sistema penal. Por otro lado, en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, la aplicación del procedimiento de flagrancia continuará a cargo de los fiscales departamentales, quienes deberán implementarlo dentro de sus respectivas jurisdicciones. Un cambio orientado a la rapidez y la eficiencia La creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia forma parte de una política institucional orientada a modernizar el sistema judicial mendocino, con eje en la especialización y la mejora continua de los procesos.
El nuevo esquema apunta a brindar respuestas más rápidas y previsibles frente al delito, reforzar la articulación entre los distintos actores del sistema penal y mejorar la percepción social sobre el funcionamiento de la justicia, especialmente en aquellos casos en los que se espera una intervención inmediata del Estado.
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