En medio de denuncias de lobby, restricciones a los oradores y un fuerte operativo de seguridad, se realiza en la Cámara de Diputados la primera de las dos audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares que impulsan gobernadores cordilleranos para facilitar la explotación minera en la zona periglaciar. Las voces en contra dominan la jornada y los pocos apoyos provinieron de funcionarios de la provincia de San Juan. Para hablar se anotaron alrededor de 105.000 personas, pero solo unas 360 fueron habilitadas para exponer oralmente (este miércoles de manera presencial, y el jueves, de forma virtual). El resto solo podrá publicar videos o enviar escritos. Diputados de la oposición impugnaron ante la Cámara baja este formato, definido por La Libertad Avanza, por “no cumplir requisitos básicos de participación ciudadana”. Ante el aluvión de interesados y una manifestación frente al Congreso, en la zona se montó un estricto dispositivo de seguridad: a la habitual presencia de Gendarmería de cada miércoles por la protesta de jubilados se sumó un vallado en el perímetro del edificio. Además, se reforzaron los controles de ingreso a la sala de reuniones del Anexo C. Puertas adentro, se sucedieron durante horas numerosos discursos en contra de la ley y hasta hubo una denuncia de lobby con nombres propios: el abogado ambientalista Enrique Viale reveló que detrás del negocio minero están las multinacionales Vicuña, Barrick Gold y Glencore. El proyecto Vicuña, en San Juan, es una megainversión que, según Viale, consumirá 174 millones de litro de agua por día. Viale también anunció que denunciarán a la senadora Flavia Royón, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz y uno de los votos a favor de la ley, por “incompatibilidad con la función pública y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto a través de una consultora. “No representa a Salta, representa a las mineras”, sentenció. Royón lo niega. Otra de las exposiciones más contundentes fue la de Marta Maffei, exdiputada autora de la Ley de Glaciares vigente: dijo que es un proyecto “regresivo en los términos de las leyes y tratados vigentes” y puntualizó que, según un relevamiento de la Universidad de Zúrich, Argentina tiene “53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares”. Maffei explicó que el proyecto viola entre otras cosas el artículo 41 de la Constitución, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos ambientales. Con la modificación, serán las provincias las que determinarán que zonas tienen relevancia hídrica y cuáles no: el temor es que la decisión que tome un distrito perjudique a otros con los que comparten cursos de agua. “Este proyecto tiene una fachada de federalismo, pero hace que cada provincia haga lo que quiera con nuestros glaciares. Su pretexto del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la gana. No hay federalismo si el agua, que es interjurisdiccional, la administra la provincia que está cerca del glaciar y deja a todo el mundo río abajo en la seca”, lamentó Maffei. Una vez terminadas las audiencias, el oficialismo convocará a un plenario informativo con representantes del Poder Ejecutivo. De esa manera buscarán equilibrar la balanza, ya que las únicas intervenciones a favor este miércoles fueron de funcionarios del gobierno de San Juan: el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno. “San Juan es una provincia montañosa y desértica. Solo el 3% de su territorio pertenece a un oasis donde vive la población y la agricultura. Nadie mejor que nosotros está comprometido con la defensa del agua y de los glaciares. Pero la geografía nos define y la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, argumentó el ministro Fernández. La alerta por el agua “Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua”, alertó el activista ambiental Emiliano Depetris, un joven de 26 años que preside Acción Ambiental de Córdoba, una asociación civil que articula con otras cuatro de la provincia (Jóvenes por el Clima, Futuro Córdoba, Río Sustentable y Hablemos de Ciencia) para incidir en el rechazo a la reforma. El colectivo de organizaciones ya mantuvo reuniones con las diputadas cordobesas Carolina Basualdo y Alejandra Torres, de Provincias Unidas, y Gabriela Estévez de Unión por la Patria, y busca acercarse a todos los diputados de la provincia (incluso los de La Libertad Avanza) para llevarles argumentos en contra del proyecto. “Algunos pueden preguntarse qué tiene que ver Córdoba con los glaciares, y la respuesta es: todo. Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua. Dependemos de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestros ciclos naturales. Sabemos lo que es atravesar sequías, ver nuestros ríos bajar, ver nuestros ecosistemas cada vez frágiles, el turismo que merma y la producción que decae”, describió Depetris. En Córdoba crece el nivel de involucramiento con el tema. Las diputadas Basualdo y Estévez, junto con Juan Brügge, fueron los tres representantes de la provincia que firmaron la impugnación contra el formato restrictivo de las audiencias, junto con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la massista Sabrina Selva y la jujeña de Provincias Unidas María Inés Zigarán, entre otros. No obstante, la Justicia viene ya volteando distintos recursos de amparo en el mismo sentido. De hecho, poco antes de la audiencia se conoció que el juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 7, rechazó una solicitud de Greenpeace y otras asociaciones civiles para ampliar la participación oral. En medio de denuncias de lobby, restricciones a los oradores y un fuerte operativo de seguridad, se realiza en la Cámara de Diputados la primera de las dos audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares que impulsan gobernadores cordilleranos para facilitar la explotación minera en la zona periglaciar. Las voces en contra dominan la jornada y los pocos apoyos provinieron de funcionarios de la provincia de San Juan.