Laura López Madrid, 16 may (EFE).- El primer mes de solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha dejado imágenes de largas colas para conseguir los documentos necesarios, atascos burocráticos por no poder acceder al certificado de antecedentes penales y un incumplimiento de plazos en muchos casos. PUBLICIDAD Despachos de abogados, miembros de la plataforma impulsora de la regularización, entidades sociales y solicitantes de la medida han explicado a EFE que muchas admisiones a trámite no están llegando en el plazo prometido y, las que lo hacen, no permiten a los beneficiarios trabajar aún, como prometió el Gobierno. El Ejecutivo recibió en las primeras dos semanas unas 200.000 solicitudes para adherirse al proceso, que dará permiso de residencia por un año a alrededor de medio millón de personas que ya viven en España. PUBLICIDAD Aquellos primeros días dejaron imágenes de grandes colas a las puertas de las ONG y dependencias municipales autorizadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un requisito incluido en el último momento que solo es obligatorio aportar en algunos casos. Una de las entidades que más afluencia recibió fue la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en cuya delegación en Madrid se acumularon largas colas de personas que incluso pasaban la noche allí para obtener su certificado. PUBLICIDAD La directora de CEAR, Mónica López, ha señalado que, un mes después, ya ha bajado "muchísimo" el flujo de personas que acuden y la atención se ha normalizado, aunque esperan un repunte a mediados de junio de quienes aún aguardan a sus antecedentes penales y otros documentos para hacer su solicitud. El despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam ha formalizado solicitudes para la regularización desde el primer día de plazo. A pesar de que el Gobierno aseguró que en 15 días las personas recibirían la admisión a trámite de su solicitud, lo cierto es que esta primera comunicación están llegando "a cuentagotas", según ha señalado su director, Guillermo Morales. PUBLICIDAD El experto ha añadido que estas autorizaciones provisionales están llegando sin ningún orden -personas que lo solicitaron durante los primeros días no han recibido noticia mientras que ciudadanos que lo hicieron después ya tienen la comunicación- lo que está generando mucha "angustia" entre los beneficiarios. Además, aunque este primer papel, en teoría, habilita a la persona a trabajar desde el momento de su recepción, en la práctica se han encontrado con que no incluye el número de afiliación para la Seguridad Social, que debe llegar un tiempo después por correo postal, lo que impide a los beneficiarios tener un empleo todavía. PUBLICIDAD De momento, en Legalteam no han recibido ninguna concesión definitiva de autorizaciones, para lo que hay hasta tres meses de plazo o incluso más si el solicitante demuestra tener problemas para obtener su certificado de antecedentes penales, pero profesionales como Morales dudan de que este plazo se vaya a cumplir. En CEAR sí están recibiendo las admisiones a trámite a tiempo pero están detectando otros problemas, como dificultades para conseguir cita para hacer la solicitud presencial y limitaciones para formalizar las peticiones por la plataforma, ya que cada abogado pueda tramitar, como máximo, cinco al día. PUBLICIDAD A estas trabas se añade la dificultad de conseguir el certificado de antecedentes penales para las personas procedentes de algunos países. El real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta después de un mes, podrá demostrar que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática. Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, la solicitud será desistida. PUBLICIDAD Pero esta vía no funciona, en opinión de Guillermo Morales, para algunos países donde es prácticamente imposible conseguir un documento que certifique que se han pedido los antecedentes: "Nos preocupa muchísimo la situación de auténtica vulnerabilidad de los cubanos, que probablemente se van a ver imposibilitados de poder acogerse", ha advertido. Estos problemas se extienden a otros Estados como Argelia, donde, según explica Redwan Baddouh, de Regularización Ya, la plataforma impulsora de la medida, la embajada española no permite la legalización del certificado al ofrecer citas para fechas posteriores al fin del plazo de la regularización, el próximo 30 de junio. PUBLICIDAD La portavoz de Regularización Ya, Vicky Columba, asegura que durante este primer mes son las pequeñas entidades las que han "suplido" el rol de las administraciones, que, hasta hoy, "no se aclaran" sobre ciertos aspectos del proceso, como la expedición del certificado de vulnerabilidad o el histórico del empadronamiento. Desde la plataforma exigen una ampliación del plazo para hacer las solicitudes por todos estos problemas que han surgido y el fin de las deportaciones: "No se puede regularizar con una mano y deportar con la otra firmando acuerdos millonarios con aerolíneas que se lucran de las personas migrantes", ha lamentado. La red también ha dedicado buena parte de sus recursos a "calmar la ansiedad" de personas que, recuerda, se ven "amenazadas" por los "recursos interpuestos ante la Justicia por los grupos ultras", que les empuja a pagar "altísimos costes a abogados y aprovechados" para adelantar sus trámites. Columba se ha referido así a los cinco recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo para frenar la regularización por parte de la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros. El próximo 22 de mayo, el Alto Tribunal celebrará cinco vistas para escuchar a los recurrentes y a la Abogacía del Estado y después decidirá si acepta su petición de parar todo el proceso cautelarmente hasta que resuelva sobre el fondo del asunto. EFE (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023467798) PUBLICIDAD PUBLICIDAD