El sistema de salud privado enfrenta una crisis financiera que pone en vilo la atención médica de millones de jubilados en todo el país. Las clínicas y sanatorios que brindan servicios para el PAMI advirtieron sobre una enorme deuda acumulada que compromete su normal funcionamiento operativo. Ante este complejo escenario, el Gobierno nacional prepara una serie de reuniones de urgencia para intentar destrabar el envío de partidas y evitar un colapso sanitario. Las prestadoras estiman que la deuda global que mantiene la obra social estatal con el sector ronda los 500.000 millones de pesos. Frente a la evidente falta de actualización en los pagos, un importante referente del ámbito privado advirtió a Infobae sobre las inminentes consecuencias y aseguró: «En la medida que se acerque el período invernal, el sistema se va a resentir aún más». De hecho, en algunos centros médicos especializados en la tercera edad admiten que actualmente solo están operando urgencias y postergan todas las intervenciones programadas. Para intentar desactivar este conflicto, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, recibió a partir de las 15 a las principales cámaras empresariales para brindarles una respuesta oficial. En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantendrá un cónclave clave con su par de Economía, Luis Caputo, para solicitar la urgente asistencia del Tesoro. Sucede que las transferencias discrecionales hacia la obra social cayeron casi un 58% en el primer bimestre, profundizando el desfasaje financiero tras la eliminación del impuesto PAIS. El sorpresivo desmarque de Pettovello y el riesgo de quiebra masiva En medio de la creciente tensión por la retención de las partidas económicas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió despegarse públicamente del conflicto. A través de sus redes sociales, la funcionaria aclaró que la crisis de financiamiento no orbita bajo su responsabilidad y sentenció: «Competencias institucionales, Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud». Este sorpresivo mensaje consolida su perfil autónomo dentro del Gabinete y deja totalmente expuestas a las carteras de Lugones y Caputo. “El Estado está obligado a cubrir. Pero mientras faltan los fondos y se acumula la bola de deuda corre el riesgo de mayores cierres de clínicas, falta de pagos a proveedores y la dilación de muchas prestaciones”, dijo una importante figura del ámbito privado a Infobae. El Gobierno nacional deberá definir próximamente si decide prorrogar la llamada Ley de Emergencia Sanitaria, un régimen que exime del pago de contribuciones patronales y suspende los embargos. De no extenderse este paraguas legal vigente desde 2002, la agencia recaudadora ARCA podrá accionar contra unos 5.000 establecimientos que ya se encuentran bajo la lupa fiscal. El sistema de salud privado enfrenta una crisis financiera que pone en vilo la atención médica de millones de jubilados en todo el país. Las clínicas y sanatorios que brindan servicios para el PAMI advirtieron sobre una enorme deuda acumulada que compromete su normal funcionamiento operativo. Ante este complejo escenario, el Gobierno nacional prepara una serie de reuniones de urgencia para intentar destrabar el envío de partidas y evitar un colapso sanitario.