El caso es el de un productor con 200 hectáreas agrícolas, una camioneta, un crédito anual e ingresos anuales por $136 millones, según un informe de Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) - 4 minutos de lectura' CÓRDOBA.- Si bien la discusión sobre la presión tributaria que enfrenta el sector agropecuario suele concentrarse en las retenciones nacionales, hay diferencias significativas en las cargas a nivel provincial. Por ejemplo, una misma explotación agrícola puede afrontar 13 veces más de presión tributaria en Buenos Aires que en Santa Fe, casi 12 veces más que Córdoba y casi 4,5 más que Mendoza. Un relevamiento realizado por la ONG Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) concluyó que una chacra agrícola de escala media ubicada en la provincia de Buenos Aires puede soportar una carga fiscal total equivalente al 13,1% de sus ingresos anuales, una proporción que supera ampliamente a la observada en las otras jurisdicciones que analizaron que son Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

El estudio, denominado Monitoreo Fiscal Subnacional, analiza la carga tributaria que enfrentan distintos perfiles de contribuyentes en cinco jurisdicciones (también CABA pero no para chacras, obviamente). Juan Pérez Naufel, director ejecutivo de la ONG, explica a LA NACION que se consideran los impuestos inmobiliarios (urbano y rural), automotor, Ingresos Brutos y Sellos. La chacra es de 200 hectáreas de producción agrícola y además se incluye un vehículo (camioneta) de cinco años de antigüedad valuado en $40 millones y un crédito anual de $5 millones para capital de trabajo.

Los ingresos totales anuales se estiman en $136 millones. Diferencias Los resultados muestran que Buenos Aires se despega claramente del resto cuando se observa al productor agropecuario: 13,10% sobre ingresos frente al 3,25% de Mendoza; 1,02% de Córdoba y 0,93% de Santa Fe. El principal factor que explica la elevada presión fiscal es el Inmobiliario Rural, cuya incidencia puede representar alrededor del 11,54% de los ingresos anuales del establecimiento.

Casi por sí solo, implica casi toda la carga tributaria provincial que enfrenta la explotación. La magnitud del peso impositivo llama la atención porque no responde únicamente a las alícuotas vigentes. Según Pérez Naufel, el problema está asociado a una combinación de valuaciones fiscales, coeficientes de actualización, escalas y criterios administrativos que terminan determinando cuánto paga efectivamente cada productor.

El informe ilustra esta situación con un ejemplo concreto. Dos chacras prácticamente idénticas, separadas apenas por una diferencia de valuación fiscal de $100.000, pueden terminar pagando montos radicalmente distintos. Una explotación valuada en $75,1 millones tributa $600.800, mientras que otra valuada en $75,2 millones pasa a un tramo superior y debe abonar $900.621.

Con una valuación apenas 0,13% más alta, el impuesto aumenta cerca de 50%. “En muchos casos, el monto que termina pagando un contribuyente depende de valuaciones fiscales, coeficientes, tramos y reglas administrativas difíciles de anticipar. Eso vuelve al sistema menos transparente y más imprevisible, especialmente para los productores agropecuarios”, detalla. El contraste con otras provincias es elocuente.

En Santa Fe y Córdoba los componentes de Ingresos Brutos e Inmobiliario Rural aparecen muy bajos o incluso en cero bajo ciertos supuestos y exenciones, por lo que terminan teniendo más peso relativo Sellos y Automotor. En Mendoza, pesa más Ingresos Brutos que el Inmobiliario también. Otra conclusión relevante es que para el productor agropecuario la heterogeneidad entre provincias es mayor.

El reporte señala que Sellos opera como un “costo de transacción”. No necesariamente define la carga anual promedio, pero puede concentrar pagos relevantes en momentos puntuales (toma de crédito y compra/renovación de vehículos o maquinarias), que afectan el costo de financiamiento al gravar el crédito y la renovación de equipamiento, lo que afecta la productividad y obstaculiza la innovación. El trabajo de ICD deja planteada una pregunta de fondo para el debate tributario argentino: ¿es razonable que una misma explotación agrícola soporte una carga fiscal hasta catorce veces superior únicamente por estar ubicada en una provincia distinta?