En enero de 2024 la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública suspendió la asignación de pagos por horas extras en la administración nacional, “debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, puede leerse en la nota de la oficina, fechada el 10 de ese mes. Si bien estableció excepciones para situaciones en las que se encuentre debidamente acreditada la imposibilidad de dar respuesta a cuestiones impostergables que pudieran comprometer el servicio público, esas excepciones deberían, a partir de ese momento, solicitarse mediante un informe en el que se aclararan las causas. Además, ese petitorio debía estar basado en un análisis de dotaciones y modalidades operativas, “para ser elevado a la máxima autoridad de la jurisdicción”.

En el presupuesto nacional estas compensaciones aparecen bajo la figura de “servicios extraordinarios”. Según explicaron a PERFIL desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), esto “incluye las partidas destinadas al pago de horas extras, el sueldo anual complementario correspondiente a dichas horas y las contribuciones patronales asociadas”. Este concepto, aclararon, “representa aproximadamente el 2% del gasto en personal”.

Pero para algunas oficinas este porcentaje se superará con creces si se aprueba el presupuesto 2027 tal cual está: este medio relevó que en el caso de Presidencia de la Nación pasarán de los $ 12.573 millones proyectados para 2026 a los $ 22.590 millones el año que viene, lo que supone un incremento del 79,6% (con una inflación prevista del 18% interanual). Dentro de las dependencias de Presidencia la Secretaría que dirige Karina Milei es una de las más beneficiadas: sus recursos para “servicios extraordinarios” pasarán de los $ 2.375 millones a los $ 4.341 millones, un 83% más. Ese presupuesto supone el 11,2% de lo orientado al personal.

En otros ministerios el recorte en horas extras previsto en la normativa emitida en 2024 sí se cumpliría: para la cartera de Salud el proyecto de 2027 estima $ 702 millones menos que en 2026 (de $ 16.364 a $ 15.662 millones). Economía experimentaría un incremento –significativamente menor a las dependencias de Presidencia– equivalente al 19% (de $ 12.484 millones a $ 14.869 millones). “Las horas extras se siguen cobrando, pero en un número muy reducido. En áreas generales en donde había compañeros que tenían que hacer horas los fines de semana o dos o tres horas más los días de semana se redujo muchísimo.

Y en todo lo que tiene que ver con accesos –que es la gente que atiende en la puerta– también lo redujeron, pero no tanto porque hay cada vez menos gente”, afirmaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Economía. En la cartera de Luis Caputo los recursos en horas extras supondrían el 3,8% de lo consignado al personal. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 –último dato disponible del Indec– el Ministerio de Economía redujo su personal en un 9,7%, mientras que la Presidencia perdió 412 trabajadores (el 9,06%).

Cuánto se pagan las horas extras En la página web del Ministerio de Economía se responden preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de la administración pública. Allí se explica que el decreto 832 del 31 de agosto de este año establece que la retribución bruta mensual para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar los $ 956.907 a partir del primero de noviembre. En cuanto a los aspectos operativos para la asignación de servicios extraordinarios, “corresponde destacar que a partir de lo establecido en la NOTA-2024-03652832-APN-STEYFP#JGM”, quedaron suspendidos estos pagos salvo algunos casos en particular, expresan también.

Esa es precisamente la disposición de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública de 2024. PERFIL consultó a autoridades del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, del que depende la Secretaría, sobre los alcances actuales de esta disposición, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo la respuesta prometida. También se comunicó con la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, que derivó la pregunta a representantes de la Cámara de Diputados o al Ministerio de Economía.

Con esta última cartera PERFIL se contactó también, pero hasta la publicación de esta nota todavía no enviaron contestación. El 15 de septiembre el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmaba en su habitual conferencia de prensa que desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 76.000 mil puestos en la administración pública nacional. “Este recorte equivale a un recorte del 15% del personal. Solo en el último año la reestructuración permitió generar un ahorro a todos los argentinos de 2.957 millones de dólares”, dijo el funcionario.

Pero entre lo proyectado en 2023 y 2026, para “servicios extraordinarios” la Presidencia acrecentó su presupuesto de $ 1.003 millones a $ 22.590 millones, un 2.152%. Y, entre el final de 2023 y lo que va de 2026 el presupuesto total del Estado vigente se incrementó un 320% (de $ 90.458 millones a $ 380.042 millones). La información que constató PERFIL está disponible para consulta pública en el portal de datos abiertos oficial.

Trabajadores de diferentes áreas del Gobierno que prefirieron mantener el anonimato afirmaron que la autorización de horas extras es completamente discrecional. “En muchos organismos las gestiones anteriores utilizaban las horas extras como una compensación por los bajos salarios a las categorías más bajas. Al quitarse eso a muchos laburantes los dejaron con salarios de indigencia”, concluyeron. Los ingresos de los empleados públicos perdieron, asegura un informe de ATE Capital, un 40,5% de su valor real entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Al momento de la resolución de 2024 que suspendía los pagos extraordinarios, el antecesor de Ravier, Manuel Adorni, aclaró que las horas extras se seguirán trabajando y abonando. “Lo que no convalidamos son ilegalidades. Muchas horas extras eran discrecionales y eso reviste ilegalidad”, aseguró. Fuentes de ATE de otras oficinas y secretarías del Estado aseveraron que durante las distintas administraciones de gobierno en Argentina las horas extras “siempre se llevaron adelante conforme indica la normativa y fueron de cumplimiento efectivo”.

Y agregaron que “hace 10 años que tenemos control biométrico, por lo que siempre fue muy fácil controlar si se cumplían o no”. Sobre esta gestión destacaron que el recorte en dispar entre las oficinas, pero que ya impactó en algunos servicios, como la digitalización de expedientes.