Presentaron una cautelar para suspender la derogaci�n de la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte Los diputados de Encuentro Federal recurrieron a la Justicia para frenar la venta de campos a extranjeros sin l�mite ni control hasta que el Congreso trate el decreto. Tras la reciente decisi�n de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n que dej� sin efecto la medida de protecci�n colectiva que frenaba la aplicaci�n del DNU 70/2023, los diputados nacionales Miguel �ngel Pichetto y Nicol�s Massot acudieron a la Justicia Federal para presentar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo central del planteo es lograr la suspensi�n inmediata de los efectos del art�culo 154 del mega decreto dictado por Javier Milei, el cual derog� la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737).

La presentaci�n recay� en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N� 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira. La acci�n judicial de los legisladores busca actuar como un resguardo de urgencia previo a la sesi�n especial en la C�mara de Diputados, convocada por bloques opositores para el pr�ximo 15 de octubre con la meta de rechazar de manera definitiva el DNU 70. El peligro de la consolidaci�n de derechos adquiridos El nudo central de la cautelar radicada por los referentes de Encuentro Federal apunta al riesgo de que, ante la falta de regulaci�n, se perfeccionen compras de inmuebles rurales por parte de personas o firmas extranjeras que luego resulten irreversibles por la protecci�n constitucional de la propiedad privada y la vigencia del art�culo 24 de la Ley 26.122 (que resguarda los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun si el Congreso lo rechaza posteriormente). "No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que despu�s sean imposibles de revertir.

Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los l�mites", sostuvo Massot. En esa misma l�nea, Pichetto advirti� que con el escenario judicial actual "pueden comprarse sin l�mite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribere�os de cuerpos de agua de envergadura y permanentes". Ante este panorama, la demanda solicita la suspensi�n de la derogaci�n de la norma y, de manera subsidiaria, requiere medidas de conservaci�n: que el Ministerio de Justicia mantenga la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y que se emita un aviso en el Bolet�n Oficial informando a los potenciales compradores que la validez del art�culo 154 del DNU se encuentra bajo revisi�n judicial.

El antecedente del fallo del M�ximo Tribunal La reacci�n parlamentaria y judicial se desencaden� luego de que la Corte Suprema rechazara la demanda que manten�a suspendido el art�culo 154. La causa original hab�a sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, logrando en marzo de 2024 un fallo favorable de la C�mara Federal platense que declar� inconstitucional la eliminaci�n de la Ley de Tierras. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, el M�ximo Tribunal revoc� esa resoluci�n alegando exclusivamente cuestiones procesales: determin� que el CECIM carec�a de "legitimaci�n activa" para representar el reclamo.

La Corte aclar� en su pronunciamiento que no emiti� opini�n sobre el fondo del asunto -es decir, sobre la constitucionalidad o invalidez del decreto-, pero al caer la cautelar, la derogaci�n de la norma volvi� a surtir plenos efectos legales de forma autom�tica. El tablero pol�tico ante la sesi�n del 15 de octubre El frente judicial corre en simult�neo con las negociaciones en la C�mara de Baja. La sesi�n especial del 15 de octubre fue solicitada por un abanico opositor que incluye a Germ�n Mart�nez (Uni�n por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Mart�n Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (FIT), M�nica Frade (Coalici�n C�vica) y Natalia de la Sota (Defendamos C�rdoba), entre otros.

El desaf�o de la oposici�n ser� alcanzar el qu�rum de 129 diputados para abrir el recinto, sobre un piso preliminar de 122 bancas garantizadas. Para llegar al n�mero clave, la oposici�n negocia adhesiones con los bloques vinculados a los gobernadores provinciales, como Argentina Federal y Provincias Unidas, en un escenario donde el Senado ya vot� el rechazo al decreto en marzo de 2024 y un voto negativo de la C�mara de Diputados significar�a la derogaci�n definitiva del DNU 70/2023. Qu� establec�a la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) Sancionada en diciembre de 2011, la norma fijaba un marco de orden p�blico para evitar la extranjerizaci�n de los recursos naturales escasos.

Cupo general: Limitaba al 15% el total de tierras rurales que pod�an estar en manos de titulares extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Tope por nacionalidad: Imped�a que personas de una misma nacionalidad poseyeran m�s del 30% del cupo extranjero disponible. L�mite de superficie: Establec�a un m�ximo de 1.000 hect�reas por titular extranjero en la zona n�cleo productiva (o su equivalente seg�n la regi�n geogr�fica).

Recursos h�dricos: Prohib�a de forma expl�cita que extranjeros fueran propietarios de tierras que contuvieran o fueran ribere�as de cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, r�os, lagunas) o ubicadas en zonas de frontera.