La reciente ola de amenazas registradas en diversos establecimientos educativos de Mendoza, manifestadas a través de redes sociales y escritos en los baños, transformó la rutina escolar. Mientras la Dirección General de Escuelas (DGE) implementa consignas policiales y sugiere la restricción de bolsos, surgió una nueva tendencia comercial en la provincia: las mochilas transparentes. Esta iniciativa busca resolver el problema de miles de estudiantes que, desde la semana pasada, se vieron obligados a asistir a clases portando sus útiles en la mano o en bolsas de supermercado para cumplir con las directivas de seguridad.

Ante este escenario, emprendedores mendocinos y comercios del centro comenzaron a comercializar mochilas y cartucheras de PVC o plástico transparente. Además, se pueden encontrar en plataformas como Marketplace e Instagram. Estos productos se venden bajo la premisa de que permite que los alumnos trasladen sus pertenencias de manera cómoda, a la vez que facilitan una inspección visual rápida por parte de las autoridades sin necesidad de una requisa.

Los precios de estas mochilas oscilan entre los $20.000 y los $40.000, dependiendo del tamaño y el modelo. El protocolo de la DGE La proliferación de mensajes intimidatorios activó de inmediato el protocolo del gobierno escolar. Carina Gannam, directora de Apoyo Escolar de la DGE, explicó a Los Andes que el organismo sugiere a las instituciones implementar la medida de asistir sin mochila como una barrera de prevención.

Sin embargo, aclaró que cada escuela tiene la autonomía para decidir si aplica o no la restricción. La normativa vigente presenta un límite claro: la escuela puede impedir el ingreso de mochilas, pero no tiene la facultad legal de revisarlas a la fuerza. Es aquí donde los bolsos transparentes aparecen como una "zona gris" que permite el control de los directivos como la comodidad de los estudiantes.

Los uniformados no están facultados a revisar el interior de las mochilas de los chicos, pueden disponer -con la autorización de los directivos de cada escuela- que quienes las llevan consigo no ingresen al edificio. Pero si alguno de los chicos que llevaba mochila era acompañado por sus padres y permanecían con ellos al momento de ingresar, los adultos tenían la posibilidad de autorizar a los policías a revisar las mochilas y bolsos -con ellos presentes- para certificar todo lo que había en su interior, constatar que no había nada que significara una amenaza y pudieran ingresarlas a la escuela. "El protocolo orienta a los directivos y docentes sobre cómo actuar frente a la situación emergente. El primer paso es llamar inmediatamente al 911, llega la policía y allí se operativiza también la denuncia y la participación de policía de investigación, que empieza con todo el peritaje para determinar los autores.

Luego de eso se pasa a eso de recomendar llegar a la institución con la menor cantidad de objetos posibles", explicó Gannam. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, resumió: "En Mendoza, el que las hace las paga. No es un hecho menor poner en riesgo la vida, la seguridad de las personas y mucho menos movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma.

Y si no fuese una broma, es mucho peor y está tipificado en el Código Penal". Además, explicó que el alcance de las sanciones puede ser para los adolescentes -en caso de que sean imputables- o para los padres aquellos episodios en que los autores estén por debajo de esa línea. Aquí la contravención es por incumplimiento de la responsabilidad de la tutela parental.

García Zalazar destacó que la primera obligación del Estado es proteger a los estudiantes y que, justamente por ello, desde el jueves se están aplicando todos los protocolos vigentes que tiene la Provincia y que prevén acciones con la escuela, con los docentes, con los estudiantes y con los padres por medio de acciones preventivas. "En el caso de que haya amenazas referidas a que en una escuela pueda haber uso de armas, se avanza con la aplicación del protocolo, que es de la DGE y alcanza todas las escuelas del sistema. Cada escuela aplica el protocolo en función de lo que se ha denunciado y lo que tengan como sospechas", cerró García Zalazar.