El caso de Deyci Alejandra Jiménez Ramírez se convirtió en una pieza central dentro de las investigaciones sobre una presunta red de mujeres contratadas de manera irregular en el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), un escándalo denunciado inicialmente por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Cabe precisar que, aunque en los documentos de contratación estatal el nombre de la joven aparece como “Deyci”, en distintos medios de comunicación e incluso en publicaciones de entidades oficiales se utiliza la grafía “Deicy”. Por esta razón, en adelante se hará referencia a ella con esta última forma.

PUBLICIDAD Su testimonio cobró relevancia institucional debido a que es la primera persona en declarar públicamente haber recibido asignaciones laborales del Estado a cambio de favores personales para el exmandatario, al señalar la existencia de un grupo de entre 30 y 40 jóvenes vinculadas bajo esquemas similares en distintas dependencias oficiales. La trascendencia de sus declaraciones motivó un pronunciamiento del Gobierno nacional el domingo 25 de octubre de 2026. Por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, anunció la activación urgente de una ruta de seguridad junto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a la testigo frente a eventuales amenazas o represalias.

PUBLICIDAD “La protección de la vida no admite dilaciones. Ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, comunicó el Ministerio del Interior al confirmar las medidas de resguardo para la denunciante.

El testimonio de Jiménez, difundido por la revista Semana, relata encuentros privados, fiestas y el presunto uso de recursos institucionales para sostener acuerdos personales. Ante estas denuncias, la revisión de los archivos contractuales públicos constató que la mujer de 29 años suscribió cinco compromisos laborales durante el cuatrienio anterior que sumaron $100 millones, a los que se añaden otros vínculos previos que elevan el balance contractual a más de $130 millones a lo largo de un lustro. PUBLICIDAD Deicy Jiménez: los contratos estatales que firmó durante el gobierno de Gustavo Petro El rastreo documental evidencia que los contratos de Jiménez se ejecutaron mediante la modalidad de contratación directa en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Todos los acuerdos fueron formalizados para brindar servicios asistenciales de archivo, digitación y apoyo logístico. En el Congreso de la República, la joven obtuvo dos asignaciones directas. La primera se pactó en marzo de 2023 por un valor de $7 millones para apoyar la unidad de archivo institucional.

El segundo compromiso, registrado bajo el radicado CDPS-SEN-695-2023 en septiembre de 2023, ascendió a $34 millones con vigencia hasta julio de 2024, periodo en el cual desempeñó labores de apoyo en la Primera Vicepresidencia del Senado, a cargo entonces de María José Pizarro. PUBLICIDAD Las vinculaciones de Deicy Jiménez continuaron en el poder ejecutivo a partir de 2025. En junio de ese año, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó un contrato por $18 millones para tareas de archivo y organización documental en la delegatura para el control.

Meses después, el 28 de agosto de 2025, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad que avaló su perfil para el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Con ese soporte se firmó el contrato de prestación de servicios número 1826 de 2025 por un valor de $11.151.338. PUBLICIDAD “Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON (sic)”, estipuló la cláusula principal del contrato ministerial.

Posteriormente, el 21 de enero de 2026, el Ministerio del Interior renovó la orden de servicio bajo las mismas funciones por un monto de $30 millones y con una vigencia programada hasta el 31 de diciembre. Los soportes laborales de la contratista registran un título de bachiller académico del colegio Capacitación 2.000 y experiencia laboral en el sector audiovisual independiente. PUBLICIDAD Ahora, será la Fiscalía General de la Nación y los entes de control quienes deberán analizar el acervo probatorio, los testimonios y las carpetas contractuales aportadas para esclarecer si las órdenes de prestación de servicios correspondieron a contraprestaciones personales y delimitar las responsabilidades legales derivadas de los pagos con recursos públicos, sobre todo cuando la revista que reveló este testimonio aseguró que la joven tiene videos íntimos con el exmandatario.

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