El gobierno de Rodrigo Paz Pereira los convocó a dialogar este domingo en la Casa Grande del Pueblo. Los Federación Tupac Katari no asistieron. Ratificaron, en cambio, los bloqueos de rutas que desde hace más de tres semanas mantienen paralizado parte del altiplano boliviano y complican el abastecimiento de ciudades como La Paz y El Alto.

El episodio, reportado este 24 de mayo por el diario boliviano El Deber, volvió a poner en escena a un actor que desde hace más de dos décadas aparece en algunos de los momentos más convulsivos de la historia reciente de Bolivia: los Ponchos Rojos. Vestidos con sus característicos ponchos colorados, armados en ocasiones con hondas, chicotes e incluso viejos fusiles Mauser, los Ponchos Rojos son mucho más que una organización campesina radicalizada. Se trata de una expresión política, cultural y comunitaria del mundo aymara del altiplano paceño, con epicentro histórico en Achacachi y la provincia de Omasuyos.

Su emergencia y persistencia remiten a una tradición boliviana marcada por rebeliones indígenas, insurrecciones obreras, levantamientos campesinos y crisis recurrentes de autoridad estatal. En la actual crisis boliviana, los Ponchos Rojos reaparecieron con un protagonismo que parece exceder al de otros ciclos de conflictividad. La Central Obrera Boliviana (COB), históricamente uno de los grandes articuladores del movimiento popular boliviano, atraviesa desde hace años un desgaste político y organizativo.

El propio Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza construida alrededor de Evo Morales, ya no exhibe la centralidad que tuvo durante la primera década del siglo XXI. El MAS llegó incluso a no presentar candidatura propia en las últimas elecciones presidenciales, síntoma de una fragmentación que alteró el mapa político boliviano. En ese vacío relativo de representación y dirección política, organizaciones territoriales, campesinas e indígenas recuperaron iniciativa.

Entre ellas, los Ponchos Rojos sobresalen por su capacidad de movilización, por la carga simbólica que representan y por el temor que todavía generan en sectores urbanos y conservadores. En Argentina, probablemente la comparación más inmediata sería la de los movimientos piqueteros, aunque con rasgos propios profundamente ligados a la tradición indígena y campesina boliviana. Los Ponchos Rojos también combinan organización territorial, capacidad de movilización y métodos de acción directa centrados en el corte de rutas, los cercos sobre ciudades y el control de corredores estratégicos del altiplano.

El regreso de una vieja tradición insurreccional Bolivia tiene una de las historias políticas más agitadas de América Latina. Golpes militares, levantamientos indígenas, insurrecciones mineras, guerras civiles regionales y rebeliones populares forman parte de una continuidad histórica difícil de encontrar en otros países de la región. La Revolución Nacional de 1952 constituye uno de los hitos centrales de ese proceso.

Impulsada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y sostenida decisivamente por mineros y obreros armados, la revolución destruyó al viejo ejército considerado por los insurrectos “oligárquico”, nacionalizó las minas de estaño y estableció el voto universal. Durante ese proceso emergió una experiencia inédita en América Latina: la formación de organismos obreros y milicias populares con fuerte influencia trotskista, particularmente en el sector minero. En ese contexto cobraron relevancia las llamadas “Tesis de Pulacayo”, aprobadas en 1946 por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la localidad potosina de Pulacayo y redactadas por Guillermo Lora, líder histórico del trotskista Partido Obrero Revolucionario.

Inspiradas en el Programa de Transición de León Trotski, las tesis proponían que la clase obrera encabezara una transformación revolucionaria integral de Bolivia. Aquella tradición minera y obrera volvió a manifestarse durante la Asamblea Popular de 1971, una experiencia impulsada en plena crisis del gobierno de Juan José Torres, donde sindicatos, campesinos y organizaciones de izquierda intentaron construir una suerte de “doble poder” frente al Estado tradicional. La experiencia fue sofocada pocos meses después por el golpe militar de Hugo Banzer.

Pero la conflictividad boliviana no quedó circunscripta al mundo obrero. Desde fines del siglo XX, el protagonismo comenzó a desplazarse hacia organizaciones indígenas y campesinas, particularmente en el altiplano aymara y las regiones cocaleras. La Guerra del Agua y la Guerra del Gas La actual Bolivia no puede comprenderse sin dos grandes rebeliones populares que marcaron el cambio de siglo.

La primera fue la llamada Guerra del Agua, ocurrida en Cochabamba en el año 2000. El detonante fue la privatización del servicio de agua potable y el fuerte incremento tarifario aplicado tras la concesión a un consorcio internacional encabezado por la estadounidense Bechtel. Las protestas, encabezadas por sindicatos, campesinos y organizaciones vecinales, paralizaron la ciudad y obligaron al gobierno de Hugo Banzer a revertir la privatización.

Tres años después estalló la Guerra del Gas. El conflicto se inició por el proyecto oficial de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, en un país donde la salida soberana al mar sigue siendo una herida histórica. Las movilizaciones crecieron rápidamente en El Alto y La Paz, con bloqueos, enfrentamientos y una represión que dejó decenas de muertos.

Fue allí donde los Ponchos Rojos quedaron definitivamente instalados en el imaginario político boliviano. Sus columnas aymaras participaron activamente de los bloqueos rurales y urbanos que terminaron precipitando la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Sánchez de Lozada representaba, para amplios sectores populares, el paradigma del neoliberalismo boliviano.

Formado durante décadas en Estados Unidos, con dificultades incluso para expresarse fluidamente en español, encarnaba además una distancia cultural respecto de las mayorías indígenas del país. La caída de Sánchez de Lozada abrió el camino político para el ascenso de Evo Morales y del MAS. El líder cocalero ganó las elecciones de 2005 y construyó uno de los ciclos políticos más estables de la historia contemporánea boliviana.

De custodios de Evo a actores autónomos Los Ponchos Rojos acompañaron buena parte del proceso político encabezado por Evo Morales. Respaldaron la nueva Constitución de 2009, participaron de actos oficiales y llegaron a ser reconocidos informalmente como una suerte de “guardia indígena” del proceso de cambio. Durante los años de mayor tensión entre el gobierno de Morales y las elites empresariales del oriente boliviano —especialmente en Santa Cruz de la Sierra— los Ponchos Rojos amenazaron incluso con enfrentar militarmente intentos separatistas.

Aquellos conflictos mostraron otra dimensión de la histórica fractura boliviana: la oposición entre el altiplano indígena y el oriente agroexportador. La llamada “media luna”, integrada por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, protagonizó durante aquellos años fuertes protestas, paros cívicos y bloqueos contra el gobierno de Morales. La conflictividad boliviana, así, nunca fue patrimonio exclusivo de la izquierda indígena o campesina.

También las derechas regionales desarrollaron sus propias formas de movilización territorial y presión callejera. Tras la crisis de 2019 y la salida de Morales del poder, denunciada por el MAS como un golpe de Estado, los Ponchos Rojos volvieron a movilizarse contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Sin embargo, el escenario actual parece distinto.

Aunque el gobierno de Rodrigo Paz acusa al entorno de Evo Morales de fogonear las protestas, las evidencias públicas son ambiguas. Incluso Morales tomó distancia de algunos sectores movilizados y evitó asumir abiertamente la conducción política del conflicto. Crisis económica y desgaste social La nueva ola de protestas ocurre además sobre un deterioro económico inocultable.

Bolivia enfrenta desde hace años una caída de reservas internacionales, problemas de abastecimiento de combustibles y un agotamiento parcial del modelo basado en exportaciones de gas. La CEPAL proyectó para Bolivia uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026, cercano al 0,5%. El organismo advirtió sobre bajo crecimiento, persistencia de déficits fiscales y vulnerabilidades estructurales.

Diversos análisis económicos señalan además altos niveles de informalidad laboral, pobreza persistente y fuerte dependencia de exportaciones primarias. Ese trasfondo económico ayuda a explicar por qué medidas como la reducción de subsidios a combustibles, el aumento de precios o las reformas sobre tierras rurales detonaron un conflicto social de gran magnitud. Según reportes oficiales bolivianos, este domingo existían 59 puntos de bloqueo concentrados especialmente en La Paz y Oruro.

Las protestas ya afectaron corredores viales estratégicos y derivaron en episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Bolivia y el ciclo permanente de la rebelión Los Ponchos Rojos condensan varias capas de la historia boliviana: la tradición comunitaria indígena, la radicalización campesina, el legado de las insurrecciones mineras y la persistencia de una sociedad profundamente movilizada. Su reaparición no constituye una anomalía en la historia boliviana.

Más bien parece formar parte de un patrón recurrente: cuando las estructuras políticas tradicionales se debilitan y las crisis económicas erosionan la legitimidad estatal, Bolivia vuelve a poblarse de cabildos, bloqueos, columnas campesinas y organizaciones territoriales capaces de disputar el control efectivo del espacio público. Desde la revolución de 1952 hasta la Guerra del Gas, desde los mineros de Pulacayo hasta los cocaleros de Evo Morales, pasando por las rebeliones indígenas del altiplano y los bloqueos autonomistas de Santa Cruz, la historia boliviana parece atravesada por una misma constante: la política no se dirime solamente en las instituciones, sino también en las calles, las rutas y las montañas del país andino.