La organización Poder Ciudadano dió un duro diagnóstico sobre la transparencia en la gestión de Javier Milei al celebrar en la noche del lunes, en el hotel Sheraton de Retiro, su cena anual bajo el lema «Las Instituciones Importan», con la presencia de más de 400 dirigentes políticos, jueces y fiscales. Durante el encuentro, el titular de la entidad, Martín D’Alessandro, cuestionó al gobierno nacional por implementar medidas que provocan un retroceso en la transparencia y en los controles contra la corrupción. La institución advirtió que el deterioro institucional ubica a la Argentina en el último lugar regional en recepción de inversiones extranjeras.

El diagnóstico de la entidad El presidente de la entidad, Martín D’Alessandro, remarcó ante el auditorio que el país ocupa el puesto 104 entre 182 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con 36 puntos sobre 100. El politólogo precisó que este indicador representa el peor desempeño argentino de la última década y consolida una tendencia declinante de los últimos seis años. D’Alessandro vinculó directamente esta calificación con la pérdida de competitividad económica e inversiones para el país. «Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones», afirmó el director de la ONG, al tiempo que citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para graficar el estancamiento en la llegada de capitales internacionales. «Si son correctas las estimaciones que la corrupción hace perder al país entre un 8 y un 10 por ciento del PBI al año», advirtió D’Alessandro, quien rechazó la postura oficial de atribuir la resolución del problema únicamente al achicamiento de la estructura estatal. «En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad«, aseveró y dió ejemplos retrocesos en materia de transparencia y controles contra en la gestión Milei.

La ONG cuestionó también las restricciones al acceso a la información pública, la eliminación de la participación ciudadana en la selección de jueces y los proyectos para regular el lobby y las organizaciones sociales. «Esperamos que el Congreso advierta los peligros para la democracia y la inconstitucionalidad de estos artículos, que para nosotros son evidentes», sostuvo D’Alessandro. El evento contó con una reducida representación del Poder Ejecutivo Nacional, con las presencias de los diputados oficialistas Sebastián Pareja y Luis Petri, además de la titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Zangaro. En el cierre de la jornada, la entidad otorgó una distinción al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, por la labor conjunta del organismo judicial en la lucha contra los delitos administrativos.