El listado de mujeres y menores víctimas mortales de violencia de género se ha incrementado hasta alcanzar 11 mujeres y dos menores durante el año 2026, según datos recogidos en la exposición de motivos de una iniciativa tramitada en el Congreso de los Diputados. Ante esta situación, el partido Podemos ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja para exigir respuestas estatales más efectivas frente a lo que denominan “emergencia feminista” por los recientes crímenes machistas, según informó Europa Press. La propuesta de Podemos, consignada por Europa Press, insta al Gobierno a revisar y actualizar el Sistema VioGén, responsable de la valoración del riesgo para mujeres en situación de violencia machista.

El objetivo central de esta revisión es asegurar que los datos utilizados sean los más recientes y que la valoración del riesgo provenga de profesionales con contacto directo con las víctimas. Asimismo, se busca corregir la subestimación del peligro en momentos críticos, como los procesos de separación. El partido plantea que la lucha contra la violencia machista no recaiga únicamente en la responsabilidad individual de las mujeres sobrevivientes y sus denuncias, sino en la capacidad del Estado para anticipar el riesgo, garantizar protección y asegurar el derecho a una vida libre de violencia.

En esa línea, Podemos solicita que el comité de crisis, encargado del análisis de los asesinatos machistas, se convoque tantas veces como sea necesario, y que se informe públicamente de las conclusiones sobre los fallos del sistema que impidieron proteger adecuadamente a las víctimas. La formación propone alcanzar acuerdos con las administraciones competentes para garantizar los derechos de todas las mujeres afectadas por violencia de género, exigiendo que las conclusiones de estos acuerdos se publiquen y que se implemente un seguimiento real de las medidas acordadas, según reportó Europa Press. Uno de los ejes destacados de la iniciativa reside en el fortalecimiento de la detección precoz.

Podemos propone que el Gobierno y las administraciones competentes emitan circulares dirigidas a los colegios profesionales de medicina, psicología, docencia, trabajo social y abogacía. La finalidad consiste en recordar sus obligaciones legales en torno a la identificación temprana de casos y la activación de los protocolos de protección tanto para mujeres como para menores, en cuanto se perciban los primeros indicios. Respecto a la formación de profesionales, la proposición presentada solicita la garantía de formación obligatoria y acreditada en detección de violencias machistas para el personal de los sectores sanitario, educativo y social, y también para los miembros de la judicatura con intervención en procedimientos relacionados con estas violencias.

Este planteamiento busca fortalecer la capacidad de respuesta desde todos los ámbitos implicados en la protección. Podemos también pide la provisión de los recursos humanos y materiales necesarios para evaluar la eficacia de las medidas en los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer y en instancias superiores del Poder Judicial. El partido demanda velar por el cumplimiento, por parte del Consejo General del Poder Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de la especialización de los órganos judiciales en esta materia.

En relación a la atención directa a mujeres, la formación propone la mejora y refuerzo de los puntos violetas, asegurando tanto su accesibilidad para todas las mujeres como la adecuada formación del personal, con especial consideración a la atención de mujeres migrantes y otras situaciones de interseccionalidad. Además, solicita la implementación de “canales seguros” mediante figuras como la mediadora intercultural y la trabajadora social, para facilitar que las mujeres puedan acceder a los recursos dispuestos para víctimas de violencia de género, según detalló Europa Press. La protección de los menores hijos de víctimas constituye otro aspecto central en la propuesta de Podemos.

Reclaman que se garantice la suspensión automática del régimen de visitas en aquellos casos en los que haya una valoración de riesgo alto o indicios fundados de violencia vicaria, priorizando el interés superior del menor conforme establece la legislación de protección a la infancia. Sobre el papel de los medios públicos de comunicación, la proposición sugiere que se adopten criterios de información compatibles con la legalidad vigente, promuevan la igualdad de género y eviten expresiones o enfoques que puedan revictimizar a mujeres que denuncian estas violencias. Finalmente, Podemos solicita la puesta en marcha, junto a las comunidades autónomas, de un plan de choque de alternativas habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género, con el propósito de ofrecer soluciones de alojamiento seguras y apropiadas ante episodios de emergencia.

A lo largo de la iniciativa, recogida por Europa Press, la formación política insiste en la necesidad de cooperación institucional y dotación de recursos como ejes imprescindibles para el avance en la erradicación de la violencia machista y la protección integral de las personas afectadas.